Populismo fiscal

El Presidente de Repsol Josu Jon Imaz, anteriormente líder del PNV con una dilatada experiencia política, abrió el debate esta semana sobre la idoneidad de hacer permanentes lo que fueron dos impuestos extraordinarios sobre la banca y las empresas energéticas tras la crisis de inflación intensificada por la guerra de Ucrania en 2022.

Los economistas estudiosos de los movimientos populistas en América Latina destacan que esos gobiernos acaban aumentando el gasto público para conseguir los votos y la mayoría suficiente para tener el poder político, por eso el debate de populismo fiscal en nuestra economía es muy oportuno. Tanto los Gobiernos de Aznar como de Zapatero y la mayoría de comunidades autónomas aprovecharon el fuerte aumento de ingresos públicos que generaba la burbuja entre el año 2000 y 2007 para incrementar el gasto, especialmente el gasto social que es más sensible al voto de los ciudadanos en las urnas.

Luego llegó la crisis de 2008, los ingresos se desplomaron pero el gasto sobre PIB se mantuvo y se produjo un déficit público estructural que explica que nuestra deuda pública supere el 100% del PIB, casi el triple que en 2007. Lo mismo sucedió en la pandemia con los Gobiernos de Pedro Sánchez y de nuevo de la mayoría de comunidades autónomas. El gasto aumentó exponencialmente para atender la pandemia pero se ha mantenido en términos de PIB muy por encima de 2019 y ya es permanente. Ahora aprovechando el cupo catalán, todas las comunidades autónomas le piden más dinero al Gobierno Central.

Hay cinco impuestos que suponen la estructura central de cualquier hacienda pública moderna; renta, valor añadido, sociedades, cotización a la Seguridad Social y bienes inmuebles. El resto de impuestos recaudan poco y generan mucha distorsión en la actividad económica y obliga a ser muy cuidadosos con su implementación. Este es el caso de los dos impuestos sobre beneficios extraordinarios sobre las empresas energéticas y sobre los bancos. Los precios de la electricidad, según el IPC, ya están de nuevo en niveles de 2019 y los tipos de interés que el banco central subió para estabilizar la inflación ya han empezado a bajar.

No había mucha justificación para poner ambos impuestos pero ahora es absurdo mantenerlos, pero la decisión es política sin ninguna base científica que lo avale y el Gobierno ya ha comprometido su prórroga en Bruselas para justificar el cumplimiento de las reglas fiscales. El impuesto a las empresas energéticas penaliza las nuevas inversiones claves en la transición climática y el de los bancos afecta negativamente al crédito como ya advirtió el Banco Central Europeo y acaba de confirmarlo José Luis Escrivá que lo defendía cuando era ministro y ahora lo critica siendo Gobernador del Banco de España.

Si queremos que España sea una economía competitiva que atraiga inversiones, cree empleo y mejore la productividad y los salarios debemos abandonar el populismo fiscal que genera una enorme incertidumbre, el mayor enemigo de la inversión y de la riqueza de las naciones.