Opinión | TRES EN LÍNEA
El trampantojo
Dudo que haya muchos periodistas que crean que el objetivo sincero del presidente Sánchez, en lo que toca a la libertad de expresión, el derecho a la información y la lucha contra la desinformación, sea ampliar el horizonte de la primera, consolidar las garantías del segundo y combatir con efectividad y sin sectarismos las fake news.

Ilustración de Pedro Sánchez. / Pablo García
El plan de regeneración democrática impulsado por el presidente Sánchez y aprobado esta semana por el Consejo de Ministros viene viciado de origen y limitado por la aritmética parlamentaria, luego ni es plan ni servirá para regenerar nada. Es un trampantojo con el que seguir dando hilo a la cometa mientras leyes importantes -la de la nueva regulación de los alquileres temporales, entre las últimas- caen al suelo.
Las medidas que se están conociendo no suponen la reimplantación de la censura franquista, como hiperbólicamente ha sugerido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuyo antecesor, tanto en el actual cargo como en el anterior de presidente de la Xunta, fue precisamente el autor de la última Ley de Prensa de la Dictadura. Pero dudo que haya muchos periodistas que crean que el objetivo sincero del presidente Sánchez, en lo que toca a la libertad de expresión, el derecho a la información y la lucha contra la desinformación, sea ampliar el horizonte de la primera, consolidar las garantías del segundo y combatir con efectividad y sin sectarismos las fake news.
El plan arrastra el pecado de origen de haber nacido, no de una reflexión profunda sobre los desafíos que afrontan los medios de información como sostén del sistema democrático, y la propia democracia como consecuencia del uso perverso de las nuevas tecnologías de la comunicación, sino de la reacción teñida de populismo de un presidente afectado por denuncias contra su entorno familiar. Y viene a resultar otro brindis al sol en tanto que las acciones ahora anunciadas, fuera de las que figuraban ya en el reglamento europeo cuya trasposición a España es ineludible, afectan a leyes orgánicas para las que se necesita una mayoría absoluta parlamentaria que en estos momentos el Gobierno no está claro que pueda reunir.
La misión de los medios de comunicación es vigilar al poder. Por eso, cuando un Gobierno anuncia, sin mayor conversación previa, sino como respuesta a una investigación judicial que motivó la inédita baja laboral de cinco días del presidente, iniciativas que tienen que ver con la regulación de la Prensa, siempre hay que ponerse en guardia. Por no señalar lo más obvio: que la democracia no se puede regenerar por decreto. Es un hecho evidente que hay que adaptar la legislación a la realidad de las nuevas tecnologías, que no han inventado los bulos pero han disparado exponencialmente su propagación y han arrasado -literalmente- el ecosistema mediático, haciéndolo -en términos cualitativos- más pequeño, más precario y, por tanto, más vulnerable. Y que representan un evidente riesgo para la estabilidad de las sociedades occidentales. Europa ya ha empezado a hacerlo, pero buscando el más amplio consenso posible. Aquí, por el contrario, a lo que estamos, da igual si hablamos del recibo de la luz como de los derechos esenciales recogidos en la Constitución, es a ver quién es más franquista que quién. A estas alturas.
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