¿Ha terminado el ‘procés’?

Esa es la idea central que nos quiere hacer llegar el discurso triunfalista del PSC y del PSOE tras la investidura de Illa, que sin embargo gobierna con respaldo minoritario, sinuoso y cenagoso del Parlament. Pero no parece que haya que echar tan pronto las campanas a repicar. Ni la llamada “soberanía fiscal” de Cataluña la podrán imponer fácilmente en las Cortes Generales socialistas e independentistas, ni el reforzamiento de la política autoritaria de inmersión lingüística del idioma catalán y el ninguneo del castellano (lengua materna ampliamente mayoritaria en el territorio autonómico) por parte del Gobierno de Salvador Illa se llevará a cabo sin fuertes protestas de todo orden de la población hispanoparlante. La amnistía de Puigdemont, aunque demorada (torticeramente, todo sea dicho) por un Tribunal Supremo metido de lleno en el fragor de la lucha politica, acabará, desde luego, por imponerse, pero eso no afectará a la competición incesante por la independencia entre ERC, Junts y la CUP. Estos partidos, además, de quienes depende la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y con ella la continuidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez o la reducción de su supervivencia a un mero vuelo gallináceo, son apoyos de una volatilidad absoluta, según acredita sobradamente la experiencia.

No, señores sofistas, el procés no ha muerto, ni se trata de un cadáver insepulto. Está muy vivo, listo para la próxima y esencial batalla: la del concierto económico entre la Generalidad y el Estado. Como suele decirse, la primera víctima de una guerra es la verdad. Lo paradójico en este caso es que los secesionistas, por elementales razones de prestigio entre sus votantes, desean que las cosas se llamen por su nombre, en tanto que los dirigentes del PSC y del PSOE prefieren hablar de "financiación singular", aunque tampoco se trate de una "reforma al uso" del modelo de financiación, según dice sibilinamente la vicepresidenta Mª Jesús Montero. ¡A mí que soy tambor de marina!, exclamaba un personaje clariniano cuando alguien quería metérsela doblada. De modo más sincero se ha manifestado uno de los pocos socialistas de verdadera categoría que van quedando, Josep Borrell, quien acaba de reconocer a los medios que el pacto de los socialistas “es un concierto” y que ese pacto “asume ‘post mortem’ (?) el relato del procés”. ¿Significa esto que los socialistas catalanes son los herederos “mortis causa” del dichoso “procés”? ¡En qué líos nos mete la absoluta carencia de ética política de Pedro Sánchez!

En esta controversia nominalista, con mucho de tinta de calamar, Sánchez no podrá negar que el pacto contiene el traspaso a Cataluña de la recaudación, gestión y liquidación de la totalidad de los recursos tributarios de carácter estatal, aunque él preferirá hacer hincapié en la aportación solidaria de la Comunidad Autónoma catalana (el 20% del PIB nacional) al menesteroso resto del país. La propia ERC habla cínicamente de “concierto económico solidario”, lo que “a sensu contrario” descalifica por insolidarios el concierto vasco y el cupo navarro.

Todo este jaleo de la soberanía fiscal constituye un artefacto dirigido a hacer explotar el Estado autonómico de la Constitución de 1978, que dejaría la forma territorial estatal, actualmente una subespecie del federalismo, en los cueros vivos de una confederación de Estados. ¿Vamos a permitir los españoles el derribo de uno de los mejores logros del texto constitucional, muy mayoritariamente considerado por la ciudadanía, aun con todos sus defectos, como un gran éxito con el que casi todos nos identificamos?

De generalizarse a todas las Comunidades Autónomas este modelo de financiación autonómica, habría que empezar por una reforma de la Constitución absolutamente inimaginable. Primero porque tal generalización convertiría en inútiles las competencias "exclusivas" del Estado a que se refiere el artículo 149.1 CE, ya que un Estado sin recursos tributarios propios a su inmediata disposición no puede ejercer competencia alguna. Y segundo porque el Gobierno central se encontraría en semejante circunstancia imposibilitado de asumir las potestades directivas de todo orden que le atribuye el artículo 97 CE.

Ahora bien, se objetará, el concierto se otorgaría únicamente a Cataluña, no a las demás Comunidades Autónomas. Pero la Constitución únicamente contempla el régimen de conciertos en los casos vasco y navarro (disposición adicional 1ª CE), lo que excluye “eo ipso” cualquier otra extensión del modelo por mucho que se empeñen los sofistas cortesanos. Y finalmente, por mucho que se empeñe Sánchez las demás Comunidades Autónomas no van a permitir la concesión de un nuevo privilegio medieval. Si prosigue en este disparatado empeño, su azarosa carrera política concluirá irremisiblemente. Este camino conduce al final de su aventura. Y es que quien con indepes se acuesta…

*Catedrático emérito de Derecho Constitucional