¿Investidura o elecciones?

Hace apenas una semana, 40.000 personas clamaban contra la amnistía por las calles del centro de Madrid convocadas por el PP y el próximo día 8, en esta ocasión secundando el llamamiento de Societat Civil Catalana, otros miles lo harán en Barcelona. En medio de ambas concentraciones, en el acto organizado este domingo por la Assemblea Nacional Catalana para celebrar el sexto aniversario del 1-0, también se gritó contra la amnistía que estaría negociando el PSOE con Junts y ERC a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Incluso el líder de Òmnium, Xavier Antich, fue blanco de los silbidos de los apenas 4.500 asistentes por defender precisamente esta posibilidad. Tanto la derecha como los más irredentos independentistas coinciden en rechazar la posible amnistía.

Unos, porque consideran que sería una especie de rendición del Estado ante lo independentistas a cambio de que Sánchez se mantenga cuatro años más en la Moncloa. Así lo ha dicho, por ejemplo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: “Sería la rendición del estado de Derecho, un fraude de ley”. Los otros, por lo contrario: “Han abierto las puertas de la amnistía para ahorrarse una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que está por venir; no tenemos ganas de que nos perdonen”, sostuvo la presidenta de la ANC, Dolors Feliu. Como dice el rico refranero español, “en el justo medio está la virtud”.

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Y ahí estriba la dificultad que tiene no sólo el PSOE sino también Junts, y en menor medida ERC, porque ya ha dado pasos en esta dirección en la pasada legislatura, para vender las bondades del perdón a los encausados y no juzgados aún por el ‘procés’. Aunque es cierto que en Cataluña la aprobación de la amnistía ya se da por descontada en amplias capas de la sociedad, causa desazón en los sectores más hiperventilados del independentismo, aquellos que aún viven en al realismo mágico del “mandato del 1-0”. Y por ello, no hay que descartar que la negociación pueda acabar descarrilando en el último momento. Cuando la decisión final depende de un político como el ex presidente huido Carles Puigdemont, todo es posible. Lo tiene muy presente, por ejemplo, el lehendakari Íñigo Urkullu, con quien negoció la convocatoria de elecciones en los tumultuosos días de octubre de 2017 y al final acabó proclamando fugazmente la independencia.

Cierto es que, en su discurso del sexto aniversario del 1-0, el propio Puigdemont pasó de puntillas por las negociaciones con el PSOE y evitó vincular la investidura de Sánchez con cualquier avance hacia el referéndum. Y es cierto también que, tras la resolución aprobada por Junts y ERC el viernes en el Parlament que sí pedía hacerlo, desde el partido de Puigdemont se hizo llegar a los socialistas que nada había cambiado y que las conversaciones podían seguir como si tal cosa. Pero hay una parte del independentismo, cada vez más minoritaria, es cierto, pero que hace mucho ruido, que no aceptará medida de gracia alguna procedente del Estado, al que consideran su enemigo.

Llegados a este punto, ante la disyuntiva de investidura o elecciones, es necesario analizar los incentivos que los implicados tienen para elegir uno u otro camino. Es evidente que el PSOE, que puede apretar el botón nuclear en cualquier momento, no tiene aliciente alguno para ir a las urnas el 14 de enero. Primero, por la experiencia pasada. Ya en el 2019 Sánchez optó por repetir los comicios, empeoró resultados y aunque haya sostenido lo contrario en público, no durmió muy tranquilo con Pablo Iglesias en el Gobierno. Y segundo, porque parece haber neutralizado el fuego interno que Felipe González y Alfonso Guerra intentaron provocar. Este fin de semana, por ejemplo, ha recibido el apoyo de todos los secretarios provinciales del PSOE para negociar la reedición del Ejecutivo progresista. Sánchez ha atado muy en corto cualquier reacción interna contra la amnistía.

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Y en el caso del independentismo, también hay más estímulos para llegar a un acuerdo que para repetir elecciones. Principalmente, por la debilidad y la división en la que está sumiso. Lo vimos este domingo, cuando apenas 4.500 personas salieron a las calles para conmemorar el 1-0, pero también en la pasada Diada, con la menor afluencia desde 2012. ERC fue cuarta en las pasadas elecciones generales y Junts, la quinta opción. Volver a las urnas pondría en peligro la influencia que ahora tienen ante el PSOE y que podrán ejercer no sólo para la investidura, sino durante toda la legislatura, teniendo en sus manos el futuro del Gobierno.

Además, la amnistía libraría de la cárcel y de la posible pérdida de patrimonio a decenas de personas que participaron de una manera u otra en el ‘procés’ o en los altercados callejeros posteriores a la sentencia de 2019. Las cifras que se manejan son dispares, porque dependerá de lo que finalmente se ponga negro sobre blanco, pero podrían ir de un mínimo de 200/300 implicados a los casi 1.400 que ha calculado Òmnium. Un auténtico ejército independentista con sus familias que también presiona para el acuerdo.

Así las cosas, es difícil hacer un pronóstico sobre lo que sucederá, porque el independentismo ha demostrado estos años una capacidad casi infinita para la sorpresa y los giros de guión, y Puigdemont ha resultado también imprevisible, pero si sumamos los incentivos para el acuerdo a la baraka acreditada de Sánchez, quizás no nos equivoquemos al predecir el final.