Fiasco migratorio en la UE

La llegada esta semana de barcazas de inmigrantes y refugiados, algunas por sus propios medios, al puerto de Lampedusa (Italia) muestra que la estrategia de la Europa Fortaleza no funciona ante la determinación de las personas que huyen de la miseria, la violencia y de un entorno cada vez más inhóspito por el cambio climático. Al mismo tiempo, Italia, Francia y Alemania se están dando cuenta de que necesitan trabajadores inmigrantes con urgencia.

Hace ocho años, la anterior responsable de la política exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, advirtió de que las olas migratorias hacia Europa no eran un fenómeno puntual fruto de la guerra de Siria, sino que se trataba de un cambio estructural global que había llegado para quedarse. Mogherini subrayó que construir vallas y cerrar fronteras no resolvería el problema, solo convertiría el viaje en más peligroso (28.000 ahogados desde 2014). Mogherini recomendó que la UE se dotara de medios adecuados para poder acoger y gestionar esa migración y adoptara planes a largo plazo para contribuir a resolver las causas que alimentaban esos flujos migratorios.

Pero la estrategia que se impuso fue la de la Europa Fortaleza y el ministro socialdemocráta danés, Kaare Dybvad, propone endurecerla aún más restringiendo el derecho a solicitar asilo a quienes lleguen a la UE de forma irregular. La UE no se ha dotado de los medios adecuados para acoger las olas migratorias y las ayudas a muchos países se han transformado en subvenciones a los gobiernos y a las fuerzas de seguridad para que contengan los flujos migratorios.

Más vallas en Europa

Las vallas han crecido en los último ocho años en la UE, pasando de sumar 315 kilómetros de longitud en 2014 a 2.048 kilómetros en 2022, detalla un informe del Parlamento Europeo. Se han levantado vallas en las fronteras orientales de Finlandia, Polonia y los países bálticos antes de la invasión rusa de Ucrania, en las fronteras de Austria, Eslovenia, Hungría, Grecia, Bulgaria y en la zona francesa de Calais. A ellas se suman a las existentes en España en Ceuta y Melilla desde 1993-1996.

Las devoluciones en caliente terrestres y marítimas se producen siempre que es posible en los países bálticos, de Polonia, Italia, Austria, Eslovenia, Croacia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Grecia e incluso España, que el pasado agosto desembarcó en Senegal a 168 inmigrantes que había rescatado una patrullera de la Guardia Civil en el mar. Los cuatro volúmenes del informe 'The Black Book of Pushbacks' recopilan a lo largo de 3.000 páginas 25.000 devoluciones en caliente violentas en la UE en los últimos años. Los gobiernos de Grecia e Italia se han especializado además en perseguir a las organizaciones humanitarias y en dificultar los rescates marítimos.

Subcontratar a Gobiernos como gendarmes

Los Veintisiete han primado subcontratar a otros gobiernos para que actúen de gendarmes que impidan la salida de inmigrantes y refugiados hacia la UE. Estos acuerdos empezaron con Turquía en 2016 y siguieron con la facción libia de Trípoli, Egipto, Marruecos, Senegal, Mauritania, Mali, Níger y hace dos meses con Túnez. Los Veintisiete también condicionaron el avance en la adhesión de los países balcánicos a que contuvieran a los inmigrantes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recomendó esta semana proseguir con estos acuerdos, pese a que favorecen los abusos contra los inmigrantes, refuerzan regímenes autoritarios o muy deficientes y convierten a la UE en rehén de esos gobiernos, como han demostrado Turquía y Marruecos. La Defensora del Pueblo de la UE acaba de abrir una investigación sobre el acuerdo con Túnez por los malos tratos de las autoridades a los inmigrantes.

Todas estas medidas no han impedido que durante los ocho primeros meses de este año se hayan producido 232.350 entradas irregulares a través de las fronteras de la UE, la cifra más elevada desde 2016 y la mitad concentrada en el Mediterráneo central, según Frontex.

Dos países que lideran la lucha contra la inmigración irregular, Italia y Francia, han descubierto que necesitan con urgencia inmigrantes para cubrir cientos de miles de puestos de trabajo. El Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni aprobó en julio un decreto para facilitar la llegada de 452.000 trabajadores inmigrantes hasta 2025. El Gobierno francés aprobó en febrero una ley, en debate parlamentario, para regularizar a los irregulares que trabajen en sectores con penuria de mano de obra. Y el Parlamento alemán aprobó en junio otra ley para atraer a inmigrantes cualificados de fuera de la UE.