La inflación da un respiro

El dato adelantado del IPC de mayo se coló ayer entre las noticias de la intensa actualidad política española. Que no pase desapercibido: la inflación afecta a la vida de los ciudadanos tanto como la composición de los gobiernos surgidos de las urnas. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación bajó nueve décimas este mes, hasta el 3,2%, el dato más bajo desde agosto de 2021, sobre todo por los carburantes y los alimentos. Una noticia que puede considerarse en principio buena, si bien hay que recordar que no significa que los precios bajen, sino que moderan su subida. Es decir, los precios continúan la senda alcista, pero lejos del 10,8% que se alcanzó en julio pasado. Si se toma como referencia la inflación subyacente -que es la que no tiene en cuenta ni los alimentos frescos ni la energía, que tienen los precios más volátiles y por lo tanto se considera un indicador de tendencia más estable-, aunque sigue en un elevado 6,1%, el dato se considera igualmente positivo porque encadena tres meses a la baja.

Habría que tener presente que la comparación se hace respecto a unos precios que hace un año ya eran muy elevados, de modo que otra cosa que no fuera una moderación de la inflación a estas alturas sería muy preocupante. Sobre todo después de las medidas adoptadas por el Gobierno tras la crisis energética, como la rebaja del IVA en ciertos productos, y de los impuestos de la electricidad y el gas, o la bonificación en el precio de los carburantes para el transporte profesional. Precisamente, la siguiente decisión importante del Ejecutivo sobre la inflación tendrá que ver con si prorroga estas medidas más allá del plazo del 30 de junio. Una decisión difícil e impopular en precampaña electoral, si bien el Gobierno debería valorar si, ahuyentados los peores fantasmas de la subida de precios, las medidas de carácter más general -en lugar de concentrar el dinero público en los hogares más afectados- pueden tener un efecto más perjudicial que beneficioso a largo plazo. Lo advirtió recientemente la Comisión Europea cuando recomendó a España un ajuste fiscal y la retirada de las ayudas energéticas en 2024 para reducir el déficit y la deuda pública. 

Una convocatoria necesaria

España es uno de los países con la inflación más baja de la UE, a la espera de conocer el impacto del acuerdo salarial alcanzado en mayo por sindicatos y patronal, que contempla una subida de los salarios de al menos el 10% hasta 2025. El pacto es razonable porque evita que los trabajadores pierdan más poder adquisitivo, pero elevará los costes empresariales y además habrá que vigilar los posibles efectos de segunda ronda (al aumentar los salarios, aumentan más los precios de bienes y servicios). 

De momento, la economía española está resistiendo el embate de la guerra de Ucrania, si nos atenemos a los datos de evolución de empleo, del IPC y del PIB. Pero la incertidumbre no se ha disipado. Todo apunta a que el Banco Central Europeo mantendrá su política de subida de los tipos de interés, para acercarse al objetivo del 2% de inflación a medio plazo. Lo que quiere decir que durante un tiempo los préstamos seguirán encareciéndose para ciudadanos y empresas, y que aumentará el coste de la deuda pública. No es momento de triunfalismos, sino de políticas prudentes.