Opinión | ELECCIONES 28-M

Fraude electoral en Melilla

Exigir la presencia del votante dos veces ha atajado la maniobra de Melilla, pero generalizarlo es dudoso

Agentes de la Policía Nacional en la puerta, este martes, de la sede del equipo de comunicación que trabaja para Coalición por Melilla.

Agentes de la Policía Nacional en la puerta, este martes, de la sede del equipo de comunicación que trabaja para Coalición por Melilla. / EFE

La policía ha desarticulado el intento de fraude electoral en la ciudad autónoma de Melilla mediante la compra de votos. Ha habido ya diez detenidos, puestos en libertad por el juez, entre ellos Mohamed Ahmed Al Lal, consejero del Gobierno autónomo y número tres de la lista de Coalición por Melilla (CpM). El caso tiene, además, otro agravante más, una ramificación en Barcelona donde se investiga un presunto intento de soborno a funcionarios de Correos para intentar extraer de Melilla los votos por envío postal una vez las alarmas se dispararon y remitirlos luego a las urnas desde otras partes de España. La detención del consejero de CpM confirma las sospechas que se dirigieron desde el principio a este partido, dirigido por Mustafá Aberchán (también ha sido detenido su yerno y un hermano de este), quien fue condenado en 2021 por el Supremo a dos años de cárcel, junto al exsecretario general del PSOE en la ciudad, Dionisio Muñoz Pérez, por un caso similar.

El mecanismo fue descubierto tras el robo a carteros de Melilla de documentación electoral y el aumento desmesurado de las solicitudes de voto por correo -un 21,21% del censo electoral- por la acción de intermediarios con antecedentes por tráfico de drogas y otros delitos. Cuando se descubrió, las juntas electorales obligaron a los censados en Melilla a votar presentando el DNI. Lo sucedido después confirma el fraude que se tramaba, ya que la entrega de votos se frenó y hasta ayer solo habían llegado 1.882 de 11.707 peticiones. 

Los votos ya remitidos sin el DNI (761) han sido validados por la junta electoral, decisión que ha sido recurrida, lo que abre la puerta a una posible anulación del resultado de las elecciones y su repetición. Son pocos como para tener un impacto decisivo en la distribución de escaños, pero sí tendrá un efecto notable que miles de quienes ya vendieron su voto no puedan depositar su papeleta el domingo al haber solicitado votar por correo.

En Melilla llueve sobre mojado y la reincidencia de un partido que gobierna con el PSOE en la ciudad obliga a los socialistas a tomar posición, y más con el antecedente citado. Melilla es un caso aislado y nada tiene que ver con los falsos rumores difundidos por medios de extrema derecha sobre supuestos pucherazos, pero la investigación debe llegar hasta el final.

Mientras, se plantea un dilema de difícil solución. Si los resultados se recurren y son anulados (significativamente, es la ahora señalada CpM quien lo pide) se podría volver a desarrollar todo el proceso bajo un escrupuloso control. Pero eso podría beneficiar a los intereses electorales de los responsables de la trama, al evitar que buena parte de los sufragios que tramitaron puedan quedar en el limbo. Finalmente será el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía quien dirima la cuestión, atendiendo no a criterios de oportunidad sino a que el derecho de participación se pueda desarrollar de forma impecable. Más allá del caso concreto, se impone también una reflexión sobre si basta con reforzar los controles, como se ha hecho, tras detectarse movimientos sospechosos, o si es cabe una revisión de la ley electoral. Reclamar la presencia física del votante con el DNI, como se ha hecho ahora,tanto al solicitar el voto por correo como para entregarlo, ha permitido atajar la maniobra, pero de generalizarse esta medida podría suponer una traba innecesaria en el ejercicio de un derecho básico.