Encuestas y votantes informados

En España, el país que celebra el domingo elecciones autonómicas y municipales y que este lunes conoció los datos del CIS, ya no se pueden publicar legalmente encuestas hasta que no pasen los comicios. Nuestra legislación electoral sigue sin adaptarse a las nuevas realidades de la sociedad de la información, hiperconectada.

La ley electoral española de 1985 tiene importantes lagunas. En sucesivas reformas parciales -hasta 22, entre 1987 y 2022- se han ido actualizando diversos aspectos, como la prohibición del uso partidista de inauguraciones y otros actos públicos en periodo electoral; la limitación del gasto en campaña; la paridad en las listas; el voto de los residentes en el extranjero, los derechos de participación política de las personas con discapacidades... Sin embargo, en todas estas ocasiones se ha perdido la oportunidad de abordar otros aspectos que resultarían tan viables (a diferencia de cualquier replanteamiento de los criterios de asignación de escaños) como oportunos:entre ellos, por ejemplo, una regulación clara de los debates electorales en los medios audiovisuales y digitales o el veto a la difusión de encuestas electorales en la última semana de campaña. Con el tiempo se han ido añadiendo otros puntos ciegos en áreas que en aquel lejano 1985 eran inimaginables, como lo que respecta a las acciones de campaña en redes sociales o la posibilidad del voto electrónico. Son ya suficientes motivos para plantear una nueva revisión del marco legal en la que no hay razón para que se siga obviando el absurdo veto a la difusión de encuestas. 

Clima: mal momento para bajar la guardia

Los partidos políticos, que reciben financiación pública para llevar a cabo su campaña, incluyendo el encargo de sondeos hasta el mismo día de las elecciones, dispondrán de esta información para ajustar sus mensajes, para orientar sus críticas hacia uno u otro competidor o para dar mayor verosimilitud ante la opinión pública a las posibilidades de pacto poselectoral. Los electores tienen el mismo derecho a disponer de esa información para poder interpretar, de forma transparente, todos estos movimientos políticos. Y eso se convierte en especialmente relevante en casos de plazas electorales en la que existen numerosas opciones y una nutrida bolsa de indecisos. El argumento que se ha utilizado para mantener este veto legal es que la publicación de sondeos distorsiona la formación de la opinión del votante. Es un planteamiento paternalista y trasnochado: hasta el último momento el ciudadano estará recibiendo inputs e interacciones que ignorará o que utilizará para decidir su voto en libertad. Que al mismo tiempo que, inevitablemente, estará expuesto incluso a acciones de pura desinformación en redes, el poder recibir información objetiva sobre evolución de las expectativas electorales no perjudica la calidad democrática, al contrario.

Esta reivindicación a la que hoy se suma EL PERIÓDICO DE ESPAÑA es una conocida bandera que un periódico hermano, El Periódico de Catalunya (editado también por Prensa Ibérica) viene agitando desde 2008, mientras otros diarios como El Periòdic d’Andorra, no sujetos a legislación obsoleta, difundían trackings diarios sobre España. Ahora será el portal australiano The Adelaide Review quien lo haga sobre la evolución de expectativas en Barcelona. Mientras, seguiremos exigiendo un cambio legal acorde a los tiempos.