La UE, contra la corrupción

Ante el grave problema de la corrupción en la Unión Europea (UE), la Comisión Europea ha propuesto finalmente esta semana una directiva para armonizar en los Veintisiete las definiciones de los distintos delitos asociados a la corrupción y obligar a los estados a establecer un nivel adecuado de penas en cada uno de ellos. Por ejemplo, el enriquecimiento ilícito no se considera un delito penal en 17 estados de la UE y el tráfico de influencias tampoco se considera delito en dos estados, según una consulta realizada por la Comisión Europea, a la que Bulgaria no respondió.

La directiva contra la corrupción propuesta abarca desde el soborno y el cohecho a la malversación, la apropiación indebida, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, la obstrucción a la justicia, el enriquecimiento ilícito y la incitación y la cooperación. Las penas máximas para los diferentes delitos deberán situarse como mínimo en una horquilla de 4 a 6 años, con sus respectivas agravantes, según el tipo de delito. La única armonización aprobada hasta ahora en la UE se limitaba al delito de soborno en el sector privado de 2003, con unas penas máximas de al menos entre 1 y 3 años, y ha quedado desfasada.

La propuesta incluye sanciones para las empresas participantes, mecanismos efectivos para levantar las inmunidades y alargar el periodo de prescripción de los delitos como mínimo a 8-15 años, según el tipo. La directiva obliga a los estados a establecer normas efectivas para prevenir los conflictos de interés, para verificar la exactitud y la transparencia de las declaraciones de bienes de los cargos políticos y para poner coto a los abusos en las puertas giratorias entre la Administración y el sector privado.

Elevado coste económico

Como la legislatura europea ha entrado en su recta final, quedan ya menos de doce meses para poder aprobar la directiva. Las negociaciones serán difíciles, tanto entre los Veintisiete en el Consejo de Ministros de la UE como entre los grupos políticos en el Parlamento Europeo. El elevado coste económico de la corrupción en la UE, el malestar social que crea y el descrédito político que genera hacia partidos e instituciones deberían servir de acicate para aprobar la directiva cuanto antes.

El cálculo más conservador estima que la corrupción provoca una pérdida económica a la UE de al menos 120.000 millones de euros anuales. Un detallado estudio realizado por Rand Europa en 2016 para el Parlamento Europeo estimó que el coste de la corrupción para la UE y sus estados puede superar los 900.000 millones anuales.

El 68% de los ciudadanos de la UE y el 62% de las empresas basadas en la UE estiman que la corrupción está extendida en sus países, según el Eurobarómetro"

El 68% de los ciudadanos de la UE y el 62% de las empresas basadas en la UE estiman que la corrupción está extendida en sus países, según el sondeo Eurobarómetro monográfico de 2022. La corrupción también afecta a la instituciones europeas, como evidencian los escándalos del Qatargate y del Moroccogate en el Parlamento Europeo y los endémicos problemas de las puertas giratorias y del tráfico de influencias en el Comisión Europea y en las agencias europeas. El 69% de los ciudadanos considera que las autoridades no persiguen suficientemente la corrupción de alto nivel.

El Eurobarómetro reveló que en una serie de países de la UE los ciudadanos se han habituado ya a la corrupción, considerándola un fenómeno “tolerable”, como el 62% de los letones, el 60% de los checos y el 57% de los húngaros, el 48% de los griegos, el 47% de los croatas y el 46% de los búlgaros y eslovacos. Sin embargo, la corrupción es rechazada como un comportamiento inaceptable por el 73% de los españoles y finlandeses, el 78% de los irlandeses, el 76% de los portugueses y luxemburgueses y el 70% de franceses y daneses.  

España obtiene 60 puntos, por encima de Italia (56), pero muy lejos de los estados modélicos"

Respecto a 2005, la mayoría de estados occidentales de la UE ha sufrido retrocesos en su puntuación en el Índice de Percepción de la Corrupción, que elabora anualmente la organización Transparency International. De los nuevos miembros incorporados a partir de 2004, Estonia y Lituania son quienes han logrado las mejoras más significativas, mientras que el resto sigue arrastrando los pies. Dinamarca aparece como el país menos corrupto de la UE y del mundo en el último índice de 2002, con 90 puntos sobre 100. Le siguen en la UE: Finlandia (87 puntos), Suecia (83) y Holanda (80). España obtiene 60 puntos, por encima de Italia (56), pero muy lejos de los estados modélicos. Los suspensos corresponden a Hungría (42 puntos), Bulgaria (43) y Rumanía (46). Y muchos países aprueban por los pelos: Croacia, Malta, Chipre, Grecia, Eslovaquia, República Checa y Polonia.