Pacto con la Santa Sede

El Gobierno y la Santa Sede han conseguido, con constructiva discreción, un acuerdo fiscal encaminado a dar un paso más en sus relaciones, enmarcadas actualmente en los acuerdos firmados por ambas partes el 3 de enero de 1979, cuatro días después de la entrada en vigor de la Constitución Española y sustituyendo el llamado Concordato de 1953, rubricado en pleno franquismo. La Carta Magna establece la aconfesionalidad del Estado, aunque no la laicidad, y dispone que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones".

Este último acuerdo, logrado entre el ministro Bolaños y, por la parte eclesial, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Omella, y el nuncio del Vaticano, contempla la renuncia por la Iglesia a la exención del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) y de las contribuciones especiales. En su conjunto, podría suponer unos 16 millones de euros anuales. La situación de privilegio actual, que desaparece, había sido negociada en tiempos del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Más importante que la cuantía en juego es la filosofía que ha inspirado este acuerdo, que no es otra que la de otorgar a la Iglesia "el mismo trato que a todas las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación", según se dice en el comunicado que lo ha hecho público. El acuerdo "fruto del trabajo conjunto" supone "el fin de los privilegios de la Iglesia en materia fiscal".

 A pesar de este avance, que pone de manifiesto las buenas relaciones existentes una vez interiorizado el criterio de aconfesionalidad, los acuerdos vigentes, urgidos en su día en pleno vértigo del cambio político de la mano del entonces ministro Marcelino Oreja, contienen serios anacronismos. Así, junto a los tres "sobre asuntos jurídicos", "sobre Enseñanza y Asuntos Culturales" y "sobre Asuntos Económicos", hay un cuarto "sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de clérigos y religiosos". Sigue igualmente pendiente el pago del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) aunque el Gobierno no es beligerante en este punto porque tampoco lo efectúan las entidades sin ánimo de lucro debido a la Ley de Mecenazgo de 2002.

En la actualidad, las conversaciones entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno versan sobre las inmatriculaciones abusivas en el registro de los bienes inmuebles de la Iglesia, asunto en el que se ha avanzado considerablemente; y la fiscalidad y la gestión del patrimonio de la Obra Pía de Roma, singular entidad española de derecho privado gestionada por la Embajada de España ante la Santa Sede. Además, hace falta perfeccionar los convenios en materias sensibles, como educación y conservación del patrimonio cultural, así como actualizar los elementos obsoletos y ahondar con franqueza y sentido cooperativo en la autonomía plena de ambas partes, sometidas en todo caso al Estado de Derecho, el mejor sustrato de una fecunda libertad religiosa.