¿Cómo cuadrar ingresos y gastos del nuevo sistema de pensiones?

Después de las últimas divergencias entre las dos formaciones que componen la coalición de gobierno sobre cuestiones ideológicas en las que no habido forma de alcanzar acuerdos, la última parte de la reforma del sistema de pensiones, exigida por Bruselas, era la piedra de toque de la continuidad o no del pacto PSOE-UP hasta el término de la legislatura. La reforma no era optativa porque venía impuesta por una exigencia de la Comisión Europea, que condicionaba la última entrega de los fondos Next Generation a una propuesta de sostenibilidad de nuestro modelo de previsión.

Inicialmente, la dificultad del acuerdo estribaba en la voluntad de Bruselas de que se alargara el periodo de cómputo de la cotización, que actualmente es de 25 años, a lo que se oponían frontalmente tanto UP como los sindicatos. Finalmente, el ministro Escrivá ha logrado que se aceptara una fórmula intermedia para el acuerdo: habrá dos modelos optativos de cálculo, el actual y otro ampliado a 29 años a los que se podrán restar los 24 peores meses del trabajador; a largo plazo (a partir de 2044), prevalecerá el segundo modelo.

El resto del sudoku que ha tenido que resolver el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha sido el propio de un buen administrador de un negocio social de importancia: se trataba de cuadrar ingresos y gastos. El aumento de ingresos se logrará por diversas vías, acordadas por PSOE y UP y convalidadas por Bruselas. En primer lugar, mediante la subida de las bases máximas de cotización; como es sabido, hay actualmente un tope de unos 4500€ por encima del cual el asalariado no cotiza; a partir de 2024, la subida anual de este tope será del IPC más un 1,2%. En segundo lugar, se establecerá una tasa de solidaridad que se aplicará sobre el tramo del salario no sujeto a cotización, que empezará siendo del 1% en 2025 y que crecerá un 0,25% al año hasta llegar al 6%. Por último, se revisará el vigente mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) —un recargo del 0,6% sobre la cotización a cargo de los trabajadores que entra en vigor ese año hasta 2032—: siguiendo recomendaciones de la Comisión, tal recargo será indefinido y se elevará hasta el 1,2%, un 1% a cuenta de la empresa y un 0,2% a cargo del trabajador. Estos recursos irán al Fondo de Reserva.

Como ya se ha establecido, los pensionistas actualizarán sus retribuciones con el IPC, pero esta última reforma introduce dos importantes matices: las pensiones máximas, cuya cuantía está topada y es actualmente de 3059,23€ al mes, se comenzarán a revisar al alza, aunque a un ritmo más bajo que el de la base máxima de cotización. Con respecto a las pensiones mínimas contributivas y no contributivas, las subidas serán superiores al incremento medio de las pensiones.

El consenso entre los dos partidos de gobierno se ha extendido a los sindicatos, que aceptan de buen grado la reforma, pero tienen enfrente a los empresariosy a las formaciones conservadoras, encabezadas por el Partido Popular, que sin embargo deberán moderar su oposición ya que la propuesta española goza de las bendiciones de la Comisión Europea.

La oposición de los empresarios tiene su fundamento"

La oposición de los empresarios tiene su fundamento. El informe de la OCDE Taxing Wages 2022 examina las cuñas fiscales de los 38 países asociados. La cuña fiscal es un indicador que mide la parte del salario bruto que los contribuyentes abonan vía impuestos (IRPF y cotizaciones sociales). En 2021, en el conjunto de la OCDE, la cuña fiscal de los trabajadores solteros se situó en el 34,6%, casi cinco puntos porcentuales por debajo de la media española, que fue del 39,3%. De ese porcentaje, el 23% corresponde a la aportación de la empresa en cotizaciones sociales, tasa que ocupa el sexto lugar en el ranking (nos superan Francia, Italia, Suecia, Eslovaquia y Chequia) y está muy por encima del promedio, de solo el 13,5%. Todo indica, pues, que, aunque esta reforma parece todavía digerible para los empleadores, nos encontramos cerca del límite de lo soportable si no queremos registrar pérdidas inadmisibles en productividad.

En Europa, lo deseable es conseguir un estado de bienestar homogéneo"

Del mismo modo que urge en el seno de la UE una armonización fiscal que impida las deslocalizaciones provocadas por los regalos fiscales de ciertos países, convendrá también establecer unos márgenes armonizados para la envergadura de los sistemas sociales. No es democráticamente admisible que ciertas economías consigan competir internacionalmente gracias al dumping social, es decir, mediante la privación de cobertura social a sus trabajadores, como hacen actualmente determinados países asiáticos. En Europa, lo deseable es conseguir un estado de bienestar homogéneo en el que la productividad se logre mediante un esfuerzo creciente en I+D+i y no por el procedimiento de regatear el nivel de vida de los jubilados.