Buscar un acuerdo sobre pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, mantendrá hoy una reunión con los agentes sociales para tratar de pactar la posición española ya negociada con la Comisión Europea sobre la última fase de la reforma de las pensiones, con el fin de lograr un acuerdo que satisfaga tanto a las instancias comunitarias como a los representantes del diálogo social.

La reforma pendiente, que versa sobre la sostenibilidad del sistema, está vinculada al futuro cuarto desembolso de fondos europeos (10.000 millones de euros), y aunque Escrivá no ha dado detalles de su propuesta, sí ha manifestado que es un esquema alternativo, razonable y creíble para que el sistema sea al mismo tiempo completamente sostenible y mantenga el poder adquisitivo de las pensiones.

De entrada, la propuesta deberá financiar las pensiones de la generación del baby-boom, los nacidos en la década de los sesenta y setenta del siglo pasado, que significó un importante salto demográfico. El debate actual sobre la sostenibilidad tendrá que basarse en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que ha sustituido el llamado Factor de Sostenibilidad que aprobó el Partido Popular en 2013 y que ya se ha derogado.

El MEI, que ha entrado en vigor este año, establece una sobrecotización del 0,6% de aquí a 2032, aunque Bruselas ha solicitado a España ampliarlo hasta 2050; los ingresos que llegan al sistema por esta vía van destinados a nutrir el Fondo de Reserva de las pensiones. Asimismo, para conseguir los recursos necesarios, se establecerán otras palancas que se conocerán hoy: se gravará la totalidad de las pensiones más altas, incluso el tramo que queda por encima de la base máxima de cotización, y se arbitrará un recargo de solidaridad temporal sobre determinadas cotizaciones. Buena parte de la carga que se planea recaerá sobre las empresas, por lo que es previsible una cierta resistencia de la patronal.

Trabajadores y empresarios deben entender que un buen sistema de previsión social exige sacrificios

Otro de los elementos que deberán ser objeto de discusión es el periodo de cálculo de las pensiones, un asunto del que los sindicatos no han querido ni oír hablar. La propuesta que efectuó el Gobierno a finales del año pasado consistía en ampliar este periodo de 25 a 30 años de manera progresiva entre 2027 y 2038. En la oferta del Ejecutivo se contemplaba la posibilidad de excluir de este cómputo los dos años peores del futuro pensionista.

Nuestro sistema de pensiones es de reparto, es decir, que en teoría las pensiones contributivas deberían sufragarse completamente con los recursos que se obtienen de las cotizaciones de empresarios y trabajadores, mientras que las pensiones no contributivas han de cargarse a los Presupuestos Generales del Estado. Por ello, los trabajadores y los empresarios en activo tienen que entender que un buen sistema de previsión social exige sacrificios.

De ahí la importancia del diálogo social para acordar entre todos un reparto equitativo de las cargas, en línea con el espíritu del Pacto de Toledo. No será fácil en absoluto poner de acuerdo al Gobierno, a la Comisión Europea y a los agentes sociales, pero daríamos una muestra de madurez si lo consiguiéramos.