La reforma de la ley del 'solo sí es sí': ¿es escándalo o solución el apoyo del PP?

El criterio utilizado por el Ministerio de Igualdad para impulsar la llamada ley del 'solo si es sí', y que reduce la anterior distinción entre agresión y abuso sexual a una única figura de agresión, primando por tanto el consentimiento o no de la víctima para valorar la existencia o no de delito, es incuestionable y razonable porque evita a la persona agredida tener que demostrar que hubo violencia o intimidación, un proceso que suponía la revictimización de quien había de pasar por ese desagradable trance. La nueva ley era, por tanto, acertada… si no se hubiera cometido el error de evitar mediante una disposición transitoria la revisión a la baja de las condenas anteriores. Ese efecto indeseado ha causado claramente alarma social porque es absurdo que una ley de mejora de la protección de la mujer desemboque en primera instancia en un alivio de las condenas ya dictadas.

Algo había que hacer, y el Gobierno tenía la obligación de rectificar. Sin embargo, lamentablemente, un error legislativo que corrija el Código Penal a la baja no tiene solución en lo referente a sus efectos inmediatos. Por definición constitucional, la irretroactividad de las leyes penales no favorables obliga a los jueces a revisar sus sentencias si la sanción aplicada se reduce. Por esta causa, la promulgación de la nueva norma, que modifica la escala punitiva de los delitos sexuales, ha provocado la reducción de algunos cientos de condenas, que adquiere firmeza en cuanto se produce y que no es reversible si la norma se rectifica para regresar a la situación anterior.

La oposición de Feijóo: votar 'no' en las normas 'estrella' y ofrecerse como salvavidas al PSOE frente a UP y sus socios

Por tal motivo, el ejecutivo, que no tenía modo de revertir el catastrófico efecto de la ley, solo podía recurrir a una reforma de esta que incrementara las penas para elevarlas hasta la escala anterior a la reforma, algo imposible si no se resucitaban los agravantes del uso de la violencia y/o intimidación. El núcleo socialista del gobierno ha optado por esta decisión, que lógicamente desagrada al sector de UP y a otras formaciones del llamado "bloque de investidura", pero no desagrada al Partido Popular, que lógicamente está en contra de cualquier reducción de penas que desarme la defensa de la mujer ante sus hipotéticos agresores. Y, de hecho, Feijóo ha ofrecido sus votos al gobierno para sacar adelante la revisión de la ley, que al menos lanzaría el mensaje de que la sociedad civil acepta plenamente la legítima exigencia de las mujeres, sean o no feministas, de disponer libérrimamente de su cuerpo y de ser acreedoras al máximo respeto. Hábilmente, el líder de los populares utiliza la hostilidad a la violencia de género como saludable signo de diferenciación con Vox.

El PSOE tiene, pues, ante sí un dilema que deberá ponderar. De un lado, se le brinda la oportunidad de que poder y oposición, que han mantenido hasta ahora una legislatura a cara de perro, recuperen siquiera en parte el viejo fair play que hacía posible el consenso en determinados asuntos que reclamaban transversalidad y en las materias de contenido constituyente que formaban parte del núcleo central de nuestra democracia.

De otro lado, es evidente que la aceptación por el PSOE del apoyo de la derecha representaría una fricción muy seria con Unidas Podemos y con otras organizaciones de izquierda, tanto por razones políticas obvias como porque esta alianza ocasional con el partido de Feijóo se refiere a uno de los asuntos más sensibles de la izquierda feminista, que se sentiría ultrajada por la "traición". A cambio, el PSOE saldría de este complicado atolladero, dejaría atrás la alarma social y podría dedicarse en cuerpo y alma a resolver los asuntos todavía pendientes de la legislatura y a preparar los procesos electorales inminentes. Aunque, lógicamente, el acuerdo sería también y sobre todo un logro para el Partido Popular, que podría apuntarse el mérito de haber facilitado la salida de un atolladero legal.

Visto lo anterior, es claro que las dos soluciones alternativas cuentan con argumentos a favor y en contra, que el lector de estas líneas habrá sabido ponderar y ordenar como corresponde. Sin embargo, después de tres años de una prácticamente completa incomunicación entre PP y PSOE, puede parecer extraño que ambos partidos se asocien ahora en un asunto después de todo tangencial al gran proceso político de este país, por lo que, si realmente existe ánimo cooperativo, lo lógico sería que se canalizase también y preferentemente hacia el desbloqueo del poder judicial para no tener que llegar en esta situación incómoda a las próximas elecciones generales. El desbloqueo de la justicia sería en fin un apreciable punto de partida para que PP y PSOE llegaran a los procesos electorales en un ambiente más calmado y razonable, como seguramente desea la mayor parte del electorado.