Reforma del 'solo sí es sí'

A estas alturas de la polémica, la duda ya no es si la llamada ley del ‘solo sí es sí’ se reformará para evitar en el futuro penas más leves para los condenados por delitos de agresión sexual. Ni siquiera si el retoque será muy diferente de la propuesta registrada en solitario por el PSOE. Una serie de cautelas para evitar nuevas revisiones a la baja de las condenas e incrementar las penas, explícitamente en el caso de que se haya ejercido violencia. Lo que sí se ha abierto es un camino a que sea el PP, y no Unidas Podemos, quien sume sus votos a los del PSOE para tramitar la propuesta primero y aprobarla luego con la mayoría absoluta necesaria en toda normativa con carácter de ley orgánica. No se puede descartar que incluso en el último minuto PSOE y UP reconduzcan la situación.

Pero en año electoral, y aunque este tipo de cálculos puedan resultar ofensivos cuando se habla del derecho de las mujeres a la libertad sexual, no parece cercano el acuerdo entre los dos partidos de la coalición. La situación brinda al PP un plus de centralidad y la posibilidad de blandir una victoria frente a Pedro Sánchez. Al PSOE le puede ayudar a desentenderse del desgaste sufrido por los resultados indeseados de lo que debía ser una medida estrella y del empecinamiento en el error de sus socios de Gobierno. A estos -descontando quizá a Yolanda Díaz- les reforzaría su autoimagen de una izquierda sin concesiones.

Al choque entre los socios de coalición han contribuido las palabras de Pilar Llop sobre la violencia

Las grietas de la ley son ya innegables y no importa el juicio sobre la actitud de los magistrados que las han aplicado. Más allá de esta consideración objetiva, el debate ha estado viciado por otros malentendidos a los que, por cierto, ha contribuido la ministra de Justicia, Pilar Llop, sobre la facilidad o no de probar la violencia en una agresión sexual. Recogiendo la justificada indignación tras la lamentable primera sentencia de La Manada y los convenios internacionales, la ley dejaba claro que no era necesario demostrar que la víctima había sido objeto de violencia para probar la falta de consentimiento. La ausencia de consentimiento explícito es más que suficiente para justificar un castigo penal contundente. Pero ni en ningún momento se obvió la necesidad de probar ese no consentimiento. No se renunció a que una violación acompañada de violencia tuviese un castigo mayor. Plantear el debate sobre la reforma de la ley sin tener esto en cuenta pudo conducir a equívocos. Y puede seguir haciéndolo.

Llegados a este punto, cabría preguntarse si los equilibrios internos del Gobierno impidieron aflorar antes esta situación. El consenso político y social que rodeó su aprobación tiene explicación suficiente: no podemos olvidar los avances claros de la ley en muchos aspectos. Evitar la revictimización durante el proceso judicial. Penalizar más duramente la sumisión química u otras formas de prevalecimiento del agresor sobre la víctima. Articular mecanismos de apoyo y ayuda a esta y lanzar un mensaje inequívoco sobre el inexcusable respeto a la libertad sexual. Un mensaje que sigue siendo necesario como demostró la soez oposición que encontró la normativa antes incluso de evidenciarse sus efectos indeseados.