Derecho a la vivienda

La semana pasada vi la película “En los márgenes”, de Juan Diego Botto, con Penélope Cruz y Luis Tosar. Recomiendo mucho verla, porque trata de manera sensible, y a la vez descarnada, el problema del derecho a la vivienda en nuestro país. Adelanto ya que la película es muy dura. Tan dura que la tuve que ir parando, para verla en tres tandas, porque había momentos en los que tenía el estómago tan encogido que no podía seguir. Es de agradecer el compromiso de estos cineastas con un tema tan sensible que se ha llevado ya 400.000 desahucios y que sigue rompiendo muchas vidas en España hoy.

La película puede parecer un thriller de ficción, pero la realidad es que el precio de la vivienda en nuestro país está disparado, los alquileres han subido muy por encima de los sueldos y el precio de la vivienda en las grandes ciudades hace que muchos jóvenes y muchas familias no puedan realizar un proyecto de vida por no poder acceder a lo que debe ser un derecho básico.

El derecho a la vivienda quedó consagrado en la Constitución, pero, como muchos otros derechos que afectan a las personas más vulnerables, no se cumplen, o no hay prisa por cumplirlos, o los representantes políticos más “constitucionalistas” no se sienten interpelados a actuar para hacer que se cumpla este apartado de la Constitución. De hecho, desde el inicio de la democracia, nuestro país todavía no tiene una ley de derecho a la vivienda. El asunto formó parte del acuerdo de la coalición de gobierno, pero el hecho es que el proyecto sigue sin salir. Hace justo un año el primer proyecto de ley de vivienda pasó por el consejo de ministros, pero ahí está sin aprobar, sin acuerdo, y sin poner remedio a muchos de los problemas de acceso a la vivienda más acuciantes.

Urgencia a la ley

Es urgente que salga adelante esta ley que calificará como indefinida la vivienda protegida, prohibiendo su venta, y que reservará suelo para vivienda de alquiler asequible. Esta ley permitirá declarar zonas de mercado residencial tensionado con criterios objetivos, para que las CCAA puedan declararlos y proteger los precios y la ley puede asegurar la colaboración de los grandes tenedores de vivienda en las zonas con precios tensionados. Además, ofrecerá mayores garantías a la compra y el alquiler y reforzará la actuación del Estado en materia de vivienda y rehabilitación.

Pero la ley propuesta por el gobierno se queda muy corta en la protección de los desahucios, que sigue tolerando aún en situaciones de máxima vulnerabilidad. De hecho, el relator de la ONU ya ha pedido una ley más ambiciosa en este campo. Retrasar unos meses el desahucio, cuando las familias están en una situación límite, no es suficiente y los poderes públicos deben ofrecer alternativas de alquiler social, especialmente en el caso de los bancos y grandes tenedores. Tras haber rescatado a los bancos con fondos públicos, la ley no declara las viviendas de la SEREB como parque público las viviendas, para dejar de ser el país de Europa con menor oferta de vivienda social (2%) cuando el resto están en torno al 20%, incluso llegando al 30% en algunos casos.

Pero sobre todo preocupa que esta ley no vaya a atajar un problema estructural, que es el del precio de la vivienda. En las zonas más gentrificadas la vivienda ha multiplicado su precio y, como comenta en su hilo Héctor M. Garrido, además de subir en precio, se ha encogido en tamaño. Pasando en un par de años una vivienda de 80m que costaba 1.100€ a una vivienda de 32m que ahora cuesta 2.700€.

Habiendo reconocido que tenemos un problema con los precios abusivos del alquiler, el texto legislativo no garantiza que esos abusos no se sigan cometiendo. Los municipios donde la población destina más de un 30% del sueldo al alquiler, serán “mercados tensionados”, pero deja en manos de las Comunidades Autónomas la posibilidad de limitar los precios. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, por ejemplo, ya ha anunciado que no los va a limitar. Es más, ha anunciado rebajas de impuestos para quienes inviertan en Madrid. Y esta medida va a encarecer todavía más el precio de la vivienda, ya que los ricos, atraídos por las ventajas fiscales y las Golden Visa, vienen a invertir en Madrid disparando los precios no solo en ese segmento del mercado, sino en todo su conjunto.

Si se quiere intervenir realmente, al ser declarada una zona tensionada, automáticamente deberían entrar en marcha los mecanismos de protección de precios, y estos deben poder proteger a todos los inquilinos, independientemente de quién es el propietario de la vivienda. Pero si se quiere abordar el problema, sobre todo, hay que ponerse las pilas y sacar adelante una ley que aborde el problema ya.