Opinión | ANÁLISIS

Incomunicación política

Ante el atentado islamista cometido en Algeciras el presidente Sánchez y el líder de la oposición Feijóo no han intercambiado comunicación alguna

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante su segundo 'cara a cara' en el Senado con Feijóo en octubre de 2022.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante su segundo 'cara a cara' en el Senado con Feijóo en octubre de 2022. / Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Nuestra democracia parlamentaria se asienta sobre un contrato social (Rousseau, 1762) establecido sobre las grandes reglas de juego. Pactadas estas, los actores políticos se acomodan a ellas para conducir la República de la mano de la mayoría, con respeto a las minorías. Esta es la esencia del régimen que nos hemos dado, que se sustenta sobre una idea de pluralismo pero también sobre la base de la unanimidad en el origen, representada en nuestro caso por la Constitución, que a todos nos ampara y nos obliga.

Así las cosas, la vida pública se convierte en una dialéctica confeccionada mediante consensos y disensos (Hegel). Sobre el núcleo fundacional de creencias, los partidos políticos construyen sus distintas opciones, erigidos en “instrumentos fundamentales para la participación política” (Art. 6, C.E.).

Por obvias razones de principios y de oportunidad, la democracia española ha mantenido, entre otros, un consenso antiterrorista que ha sido vital para la superación del gravísimo problema suscitado por ETA, que no solo no desapareció sino que se exacerbó con la construcción democrática. Primero se produjo la firma del Acuerdo de Madrid sobre Terrorismo de noviembre de 1987, suscrito por la mayoría de las fuerzas parlamentarias y que invitaba al gobierno vasco a tomar la iniciativa; de resultas de aquel acuerdo, todos los partidos vascos firmaron en 1988 el Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi, más conocido como Pacto de Ajuria Enea. En el 2000, al poco de llegar Rodríguez Zapatero a la secretaria general del PSOE, PP y PSOE firmaron el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, conocido también como Pacto Antiterrorista; la iniciativa había sido del líder socialista y en el PP hubo resistencias (la de Rajoy, por ejemplo), pero finamente Aznar accedió a dar el paso. No podían ni imaginar los políticos entonces que aquel pacto adquiriría un nuevo significado después de los terribles atentados islamistas de 2004, que, aunque fueron ocasión para una gran polémica, no destruyeron el pacto sino al contrario: este permaneció vigente, como trasfondo de la lucha contra ETA, que no abandonaría a las armas hasta 2011.

Estas consideraciones vienen a cuento de la constatación de que, ante el atentado islamista cometido en Algeciras, con el saldo dramático de una persona muerta y una gran alarma social, el presidente Sánchez y el líder de la oposición Feijóo no han intercambiado comunicación alguna sobre una cuestión que sin ninguna duda afecta al interés de Estado que debería ser preferente para las formaciones que gobiernan o que mantienen legítimas aspiraciones de gobernar. El presidente del PP se ha lamentado de no haber recibido información alguna del jefe del ejecutivo, y sin duda le asiste la razón, por profunda que sea la diferencia que separa a ambos: la democracia es ante todo un sistema de resolución de conflictos, y difícilmente cumpliría con su función si los promotores de la disputa no dialogasen para resolverla.

PP y PSOE no solo mantienen un tono inapropiadamente duro en sus debates parlamentarios sino que se muestran incapaces de cooperar en cuestiones que, por su naturaleza, son transversales"

No hay precedentes de la incomunicación actual. Aznar y González no se profesaban simpatía y sin embargo consiguieron en 1996 el segundo pacto autonómico. Aznar y Zapatero tampoco estaban cercanos y sin embargo firmaron el mencionado pacto antiterrorista… En la actualidad, en cambio, PP y PSOE no solo mantienen un tono inapropiadamente duro en sus debates parlamentarios sino que se muestran incapaces de cooperar en cuestiones que, por su naturaleza, son transversales. Se puede argumentar que la hostilidad actual se debe a un fenómeno sin precedentes como es el bloqueo durante más de cuatro años de la renovación del CGPJ, una irregularidad inaceptable que todo lo enrarece; pero ni siquiera un desentendimiento como este puede justificar que la democracia pierda uno de sus vectores esenciales, la dialéctica, ni que sus principales actores dimitan de sus obligaciones transaccionales negándose a negociar con sus adversarios.

Sería hipócrita insultarse a la cara y mantener en secreto conciliábulos de confraternidad; por ello, sería muy sensato elevar el nivel de la significación parlamentaria para facilitar las negociaciones y los consensos que convienen a una sociedad está sin duda mucho menos fracturada que su clase política. La ciudadanía ha dado muchas más pruebas de tolerancia y de respeto que sus enfervorizadas elites, por lo que solo se trata de que la política esté también en esto a la altura del cuerpo social.