Opinión | EN CLAVE EUROPEA

Nueva batalla sobre inmigración en la UE

La Comisión Europea y la presidencia semestral sueca de la Unión apuestan por multiplicar las devoluciones de inmigrantes y demandantes de asilo rechazados a sus países de origen

Un hombre, junto a un cartel contra la inmigración, ayer en Budapest.

Un hombre, junto a un cartel contra la inmigración, ayer en Budapest. / AP / DARKO VOJINOVIC

La gestión del asilo y la inmigración irregular amenaza con convertirse en uno de los puntos más conflictivos del Consejo Europeo del 9 y 10 de febrero. Los países del norte de la Unión Europea (UE), encabezados por Holanda, Suecia, Dinamarca y Austria, presionan para que se exija una aplicación estricta de la Regulación de Dublín, de modo que los estados europeos del sur asuman íntegramente el registro y control de los demandantes de asilo e inmigrantes irregulares que llegan a sus territorios e impidan a esas personas desplazarse hacia otros países de la UE. La solidaridad entre los Veintisiete sigue brillando por su ausencia y la tímida propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de aplicar "un mecanismo voluntario de solidaridad” no aparece en el borrador de conclusiones de la cumbre. El anuncio del Gobierno sueco de que quiere convertir a su país en el menos atractivo para los refugiados de Europa refleja el clima dominante en la UE.

El aumento en un 80% de las demandas de asilo en el 2022 y en un 64% de las llegadas de inmigrantes irregulares, sumado a la acogida de millones de refugiados ucranianos temporales, ha desbordado las capacidades de alojamiento de los países de la UE. En Bruselas, varios miles de demandantes de asilo dormían en la calle en vísperas de Navidad. En un contexto de freno económico, inflación muy elevada y alquileres cada vez más caros, distintos gobiernos de los Veintisiete presionan para aumentar las deportaciones, dificultar los rescates humanitarios, recortar las ayudas a los refugiados y financiar vallas fronterizas con fondos europeos. Las propuestas para la cumbre de febrero pierden de vista que en la UE desde 2012 el número anual de fallecidos supera a los nacimientos en una proporción cada vez mayor y que ni la inmigración neta anual ha logrado impedir que la población de la UE haya disminuido en 656.000 personas en los dos últimos años, según Eurostat. Alemania es el único país con una política realmente activa de captación de mano de obra extranjera para paliar su déficit demográfico.

Durante los diez primeros meses de 2022 se contabilizaron 767.600 solicitudes de asilo en la UE, concentrándose el 76% en Alemania, Austria, Francia, España e Italia. Frontex detectó la llegada de 330.000 irregulares a través del Mediterráneo y los Balcanes, el número más alto desde 2016. A ello, hay que sumar los inmigrantes llegados a la UE con visados y permisos turísticos que no regresan a sus países. El número de personas detectadas sin papeles residiendo en la UE ascendía a 681.200 en 2021, un 22% más que en 2020. A causa de la invasión rusa de Ucrania, la UE aún acoge cerca de 3 millones de refugiados ucranianos.

Apuesta por las devoluciones

La Comisión Europea y la presidencia semestral sueca de la UE apuestan por multiplicar las devoluciones de inmigrantes y demandantes de asilo rechazados a sus países de origen, pese a que las órdenes de expulsión se cumplen cada vez en una proporción más baja. De las 342.100 expulsiones emitidas en 2021 en la UE, sólo el 24% abandonaron el estado donde residían y parte de esas 82.700 personas simplemente se desplazaron a otro país de la UE, según Eurostat. Holanda y Suecia abogan para que la UE amenace con recortar ayudas al desarrollo y ventajas comerciales a los países que rechacen la devolución de sus ciudadanos.

La Comisión Europea y la presidencia semestral sueca de la UE apuestan por multiplicar las devoluciones de inmigrantes y demandantes de asilo rechazados a sus países de origen"

Italia y Grecia intentan dificultar al máximo la labor de las organizaciones que rescatan a refugiados e inmigrantes en el mar para que la travesía resulte más peligrosa, pese que la ONU estima que en 2022 perecieron ahogados más de 2.550 personas en el Mediterráneo tratando de llegar a la UE. El Gobierno obliga a los navíos humanitarios a desembarcar a los rescatados en puertos al norte de Italia, como La Spezia, Livorno, Ravena y Ancona, a más de cuatro días de navegación, multiplicando sus costes y recortando su capacidad operativa. Italia también quiere que el país donde esté basada la organización humanitaria (Alemania, Francia, España…) se haga cargo de los rescatados. Grecia además persigue penalmente a los miembros de las organizaciones humanitarias, como denuncian la ONU y Human Rights Watch.

Austria, después que los inmigrantes llegados a la UE por la ruta balcánica se multiplicaran por 2,4 en 2022, reclama que Bulgaria pueda financiar con 2.000 millones de euros de fondos europeos la construcción de una valla a lo largo de su frontera con Turquía. Y Dinamarca promueve ubicar a los demandantes de asilo en centros de acogida fuera de la UE.