Feijóo y la Constitución

La idea de que gobierne la lista más votada ni siquiera ha sido bien recibida por todos los barones del partido

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Feijóo durante la firma del plan de calidad institucional en Cádiz. 

Feijóo durante la firma del plan de calidad institucional en Cádiz.  / NACHO FRADE.

Alberto Núñez Feijóo presentó este lunes en Cádiz, en el lugar donde se proclamó la Constitución de 1812, un plan de calidad institucional compuesto por 60 medidas. De entrada, hay que agradecer al presidente del PP que se sitúe claramente en el bloque constitucional y que se preocupe por la regeneración de la democracia. De hecho, la apuesta por el constitucionalismo debería llevarle, de ser consecuente, a rechazar cualquier pacto con Vox como los que ha asumido cuando ha necesitado sus votos para gobernar.

Precisamente una de las medidas estrella del plan -defender que gobierne la lista más votada- tiene que ver con las relaciones con Vox, porque puede dar la impresión de que, más que un acuerdo para liberar de esta potencial dependencia al PP, puede acabar siendo un argumento -un no queda más remedio- para justificar un pacto con la ultraderecha cuando el PSOE no sea la lista más votada pero la suma de fuerzas de izquierda supere a los populares. Feijóo solo se comprometió por escrito a aplicar esta solución en los ayuntamientos, donde puede hacerlo sin asumir compromisos difíciles de cumplir porque es alcalde el candidato más votado salvo que haya una mayoría absoluta alternativa, y condicionó a un "pacto político" la posibilidad de extenderla a las elecciones autonómicas y a las generales. 

Pero la idea ni siquiera ha sido bien recibida por todos los barones de su partido, comenzando por Isabel Díaz Ayuso y siguiendo por otros dirigentes territoriales, que temen no poder ganar o conservar los gobiernos autonómicos si no hay acuerdos con la extrema derecha. Aunque el andaluz Juanma Moreno expresó ayer su apoyo a la idea.

Para aplicar la lista más votada habría que quitarle poder a los plenos municipales, para ser capaces de gobernar, y es dudoso que eso sea constitucional porque la representación popular no podría ejercer el control del ejecutivo municipal y el sistema electoral español no incluye en ningún caso fórmulas de elección directa, sino cámaras de representativas de la voluntad de los ciudadanos. 

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En todo caso, las propuestas de Núñez Feijóo merecen atención más allá de la medida más llamativa y que reaviva un viejo debate sobre su oportunidad e intención. Algunas de las iniciativas del plan presentado en Cádiz son razonables, como la prohibición de las denominadas enmiendas intrusivas en leyes referidas a otras cuestiones; el respeto a los informes preceptivos del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), o la despolitización de cargos como el del fiscal general, los magistrados del Tribunal Constitucional, el director del CIS y los presidentes del INE y de RTVE.

Sobre el bloqueo del Poder Judicial, que el PP lleva ejerciendo desde hace más de cuatro años, en cambio, no hay referencias en el plan, ausencia que se compadece mal con las apelaciones de Feijóo a "proteger la Constitución". Dos de las reformas que producen esta "debilidad", según el PP, son las de la sedición y la malversación. Es cierto que el Gobierno hizo unos cambios ad hoc, precipitados y sin la prudencia necesaria, pero la solución no es volver a la situación anterior como propone el líder popular, que no impidió la violación de las leyes y los ataques al Estado durante el proceso soberanista.