Desencallar la agenda reformista

Las asignaturas pendientes de la agenda reformista de la coalición de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos entran en una fase decisiva. O desencallan las leyes pendientes o el año electoral -autonómicas y locales en mayo y generales en diciembre- dificultará aún más su tramitación. Es paradójico que el Gobierno y sus socios protagonizaran en diciembre un auténtico maratón parlamentario para aprobar una reforma del Código Penal de alto riesgo político y, en cambio, sean las cuestiones ligadas a la agenda cotidiana las que siguen estancadas. 

En este contexto, el factor que frena las reformas pendientes es el diferencial ideológico entre PSOE y Unidas Podemos. Es, por ejemplo, el caso de la actualización del salario mínimo para 2023 y sobre todo el de la reforma de las pensiones, la ley de vivienda y la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza. Tanto el dosier de las pensiones como el de la vivienda responden a problemas acuciantes y forman parte del calendario de reformas comprometido con Bruselas para la recepción de los fondos de recuperación. Son una urgencia legislativa para evitar un conflicto con la UE.

Los dos socios de gobierno, con los sindicatos y los aliados parlamentarios como observadores, llevan más de un año de debate interno sobre la reforma de las pensiones, con una cuestión sobre la mesa que puede hacer tambalear toda la negociación: la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, de la que hace bandera el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y que rechaza frontalmente Unidas Podemos. Un escollo que hay que superar cuanto antes para evitar un escenario catastrófico: que la Comisión Europea decida en abril frenar la nueva partida de fondos. 

La agenda comprometida con la UE colisiona con los cálculos electorales de los dos socios de Gobierno. Es también el caso de la tramitación de la ley estatal de vivienda, programada para el tercer trimestre de 2022 y que ha provocado roces continuos entre PSOE y Unidas Podemos durante toda la legislatura. Ahora, con la campaña de las elecciones municipales en el horizonte, los factores de tensión pueden incrementarse. El debate se centra en tres cuestiones: los topes del alquiler, la gestión del parque de viviendas de la Sareb -el llamado banco malo- y la regulación de los desahucios de las familias vulnerables. Hay otro factor colateral que preocupa a muchos alcaldes socialistas: la línea a seguir ante la ocupación de pisos. Exigen una política de tolerancia cero frente a la posición más laxa de Unidas Podemos. Los partidarios del endurecimiento en esta materia argumentan que es el caldo de cultivo del voto de la extrema derecha. 

También la reforma de la ley mordaza reproduce un escenario similar de división en el gobierno y en sus socios por el uso de las pelotas de goma, las faltas de respeto a los agentes y la desobediencia. Son algunas de las asignaturas pendientes de una coalición que ha logrado pactar los Presupuestos Generales del Estado del 2023 y la polémica reforma del Código Penal, pero que tropieza con su propia agenda reformista. O desencallan estas leyes ahora o la lógica electoral irá levantando nuevos obstáculos.