Opinión | POLÍTICA

La brecha del agua

El trasvase que enfrenta al Gobierno con territorios de distinto signo político abre una inoportuna crisis a cuatro meses de las elecciones municipales

Agricultores y regantes del Levante español se manifestaron ayer ante la sede del Ministerio para la Transición Ecológica, en Madrid, contra el recorte del trasvase Tajo-Segura.

Agricultores y regantes del Levante español se manifestaron ayer ante la sede del Ministerio para la Transición Ecológica, en Madrid, contra el recorte del trasvase Tajo-Segura. / DAVID CASTRO

Nuestro país padece un crónico déficit hídrico que se ha acentuado con el cambio climático. Esta evidencia, que antaño fue un antagonismo entre una España húmeda y una España seca, es hoy un problema general e irresuelto, que tiene un delicado punto de fricción: el del aprovechamiento de las aguas del río Tajo para regar las huertas del Levante español. El trasvase Tajo-Segura, tan necesario como incapaz de cumplir los requerimientos que se le hacen, dio lugar desde los años 70 a una boyante economía agraria que hoy ocupa a 70.000 personas en empleos directos y a 30.000 en indirectos, según Asaja. 

Ayer, los manifestantes levantinos expusieron en Madrid sus inquietudes al respecto. El tono era airado y el ambiente estaba cargado de indignación. Con el nuevo año, el Ministerio para la Transición Ecológica está preparando varios planes hidrográficos que fueron aprobados por el Consejo Nacional del Agua el pasado 29 de noviembre, y que se promulgarán mediante un decreto que fijará los caudales ecológicos del río Tajo hasta el año 2027, para cumplimentar las prescripciones que imponen tanto la UE como la legislación española. Y es en este extremo donde aparece la controversia: si dicho caudal se eleva de los seis hectómetros cúbicos de agua por segundo actuales a su paso por Aranjuez a siete hm³ y finalmente a 8,65 hm³ a partir del año 2027, los regantes levantinos piensan que sus explotaciones serán inviables.

En estas circunstancias, los gobiernos valenciano y murciano, de signo político opuesto, han impugnado los acuerdos y van de la mano para conseguir concesiones que afectarían, sobre todo, a la comunidad castellanomanchega. La crisis, a cinco meses de las elecciones municipales y autonómicas, es inoportuna y puede tener consecuencias en las urnas. Hay voces que piden a Teresa Ribera aplazar estas medidas, pero la vicepresidenta esgrime tanto la necesidad de mantener vivo el río Tajo -últimamente al borde del desastre ecológico- como el negro pronóstico de mayores sequías a medida que se vayan acentuando los efectos del cambio climático. 

España arrastra un crónico déficit hídrico acentuado ahora por las consecuencias del cambio climático

Este grave problema, que enfrenta a territorios entre sí y con el Gobierno, no tienen una solución sencilla. Las explotaciones agrarias levantinas son una fuente de riqueza y de trabajo que ha de preservarse a toda costa, pero hay que optimizar los recursos hídricos en la agricultura, que consume más del 70% del agua disponible, mediante la digitalización, la tecnificación y el uso de agua regenerada procedente de las depuradoras. Por otra parte, conviene avanzar en el camino de la desalación, y el Ejecutivo ha anunciado que el plan hidrológico incluye una inversión de cerca de 2.000 millones destinados a aumentar la capacidad de las desaladoras existentes y así compensar la reducción del agua del trasvase. De todos modos, el agua desalada es muy cara y genera problemas con las salmueras, por lo que no es un sustituto eficaz.  

Como se ve, la solución es ardua, y por lo tanto su gestión requiere diálogo y eficiencia, entre territorios y entre estos y el Estado. Todos los cálculos están sujetos a la disponibilidad de agua, a la meteorología, por lo que es preciso aplicar a la escasez la debida flexibilidad.