Salvaguardar el periodismo

El año arranca con un nuevo frente en el Congreso muy conectado con el periodismo y con este grupo de comunicación. Los partidos de la coalición de gobierno prevén llevar en febrero a votación plenaria la ley que regula el secreto profesional, dando respuesta a una histórica reclamación de los periodistas, que devino en clamor tras el llamado caso móviles, cuando en 2018 policías amparados por una orden judicial se personaron en las redacciones de Diario de Mallorca -editado por Prensa Ibérica, como EL PERIÓDICO DE ESPAÑA- y Europa Press para hacerse con los teléfonos y ordenadores de reporteros que investigaban el caso Cursach.

El secreto profesional lleva más de cuarenta años reconocido en la Constitución española, pero sigue pendiente de regulación específica. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo ha ido perfilando esta figura, a la que los periodistas apelan, casi siempre con éxito, cada vez que un juez o fiscal pregunta por las fuentes informativas en litigios de distinta índole, la mayoría relacionados con corrupción y poder. Sin fuentes protegidas, la opinión pública se ve privada del periodismo más valioso, el que se adentra en las zonas oscuras con el propósito de alumbrar la verdad. El estamento judicial normalmente acata el espíritu de la norma suprema y acaba desviando sus indagaciones a otros ámbitos más garantistas y apropiados en una sociedad democrática. No obstante, "siguen apareciendo de manera esporádica episodios que justifican la intervención directa del legislador", dice la exposición de motivos del proyecto de ley, con una máxima: "Ningún periodista será perseguido por proteger la identidad de sus fuentes".

Las organizaciones profesionales han trabajado en la elaboración de una ley que regule el secreto profesional para que episodios como el vivido en Palma no vuelvan a repetirse. El texto trasladado al Congreso se ha promovido desde las organizaciones periodísticas -la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la Federación de Sindicatos de Periodistas y las secciones profesionales de UGT y CCOO-, que se han reunido con todas las fuerzas políticas, a excepción de Vox por vetar el acceso a periodistas y medios.

Llegada la hora, el PP se ha opuesto a su tramitación por la fórmula elegida, una enmienda in voce presentada por el PSOE en el debate de otro texto legislativo que pretende regular la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Los socialistas alegan que no da tiempo a una tramitación ordinaria para llegar a aprobarla antes de que acabe la legislatura, y los populares les acusan de "colar por la puerta de atrás" una ley orgánica de calado. Las formas son mejorables, pero el fondo no admite excusa; en todo caso exige ampliación, ya que no recoge la recomendación del Consejo de Europa del año 2000 para que se prohibiera interceptar las comunicaciones de los periodistas con el propósito de descubrir sus fuentes.

Sería imperdonable frustrar esta oportunidad de cumplir con un mandato constitucional de tanto calado, que ha aunado el sentir mayoritario de organizaciones periodísticas y de partidos político"

Sería imperdonable frustrar esta oportunidad de cumplir con un mandato constitucional de tanto calado, que ha aunado el sentir mayoritario de organizaciones periodísticas y de partidos políticos. Hay mucho en juego. Como recoge la exposición de motivos de la ley, "el objeto de la disposición es no solo el de proteger a las personas físicas o jurídicas que hayan servido de fuente para informaciones periodísticas, sino también el de evitar que actuaciones que menoscaben el secreto profesional desincentiven a futuras fuentes de colaborar con los medios de comunicación". Toca, pues, reconducir la polémica de la tramitación en defensa de un bien mayor que es la salvaguarda del periodismo y de la calidad democrática.