TC: hacia la 'pax constitucional'

El bloqueo del poder judicial, que persiste, ha dejado sin embargo de afectar al Tribunal Constitucional, en el que han ingresado los dos magistrados designados por el propio poder judicial (el conservador César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano) y los dos propuestos por el Gobierno (los progresistas Juan Carlos Campo y Laura Díez). Con tal renovación, pendiente desde junio, dominará el TC una mayoría progresista especialmente holgada en una proporción de 7 a 4. En realidad, la relación de fuerzas debería ser de 7 a 5, pero desde hace cinco meses está vacante el puesto que dejó el magistrado conservador Alfredo Montoya —designado a propuesta del PP en el Senado en 2017—, quien renunció tras sufrir un ictus. Esta plaza vacante, que correspondería a un jurista de extracción conservadora, aún no ha sido cubierta, y el Gobierno la ha vinculado a la renovación del CGPJ.

Nada indica que en este complejo año que resta hasta la terminación de la legislatura vaya a concluir el insoportable bloqueo del órgano de gobierno de los jueces, atribuible a intereses inconfesables, pero aunque este déficit constituye una grave patología del sistema, es obligación de todos tratar de normalizar los demás asuntos pendientes que afectan a la estabilidad legislativa del país. Quiere decirse que el Tribunal Constitucional, que previsiblemente mantendrá una orientación homogénea durante los próximos nueve años, está obligado a poner de su parte todo lo posible para consolidar un modelo de equilibrio que a todas luces necesitaría ser reformado para adaptarse a los nuevos tiempos pero que muy probablemente tendrá que sostenerse sobre el actual entramado legislativo, por la incapacidad de la clase política para proceder a tal aggiornamento.

El TC que acaba de periclitar y ser relevado deja una huella favorable en dos asuntos relevantes: de una parte, condujo con práctica unanimidad el proceso de contención de la intentona separatista de 2017, lo que proporcionó al Estado un fondo de autoridad incuestionable y sin fisuras. De otra parte, el último TC, que se sabía próximo a su renovación y consiguiente cambio de orientación ideológica, se ha abstenido en el último año y medio de tomar decisiones importantes, lo que ha dado en llamarse la pax trevijana (por su presidente, González-Trevijano, quien no ha sido precisamente un pacificador). Ahora habría que pasar a la pax constitucional.

Los asuntos hoy en espera en el TC son numerosos y diversos. Las principales leyes de la legislatura han sido impugnadas por el Partido Popular o por Vox, y a estos recursos hay que sumar otros pendientes desde hace años, incluso de la ley del aborto impulsada por Zapatero en 2010, modificada (no derogada) por Mariano Rajoy y posteriormente reformada de nuevo por Pedro Sánchez. Se han publicado listas exhaustivas de tareas en espera pero he aquí una relación somera de los casos más notorios: la ley de eutanasia de 2021, la ley de Educación (ley Celáa) de 2020, la reforma laboral de 2021-2022 (y la negativa del Congreso a rectificar el famoso error del diputado Casero), la privación del escaño al diputado Alberto Rodríguez, el castellano en las escuelas de Cataluña, la prohibición de nombramientos del Consejo del Poder Judicial caducado, etc., etc. Y el clima, a pesar de la renovación, permanece crispado por los últimos acontecimientos y por la tensión general del poder judicial.

La estabilidad ya conseguida no será suficiente ni para poner a la normal velocidad de crucero al Tribunal ni mucho menos para paliar la deriva judicial que amenaza con acentuar hasta extremos peligrosos el descrédito de la justicia"

Por ello, la estabilidad ya conseguida —a falta de que se elija al presidente del TC— no será suficiente ni para poner a la normal velocidad de crucero al Tribunal ni mucho menos para contribuir a paliar la deriva judicial que amenaza con acentuar hasta extremos peligrosos el descrédito de la justicia. De donde se desprende que la conducta de los 11 personajes justos que hoy integran el alto tribunal será un elemento decisivo para regenerar el sistema. En concreto, será muy relevante que los representantes de las principales corrientes ideológicas y judiciales sean capaces de conseguir los mayores consensos posibles, ya que la opinión pública no entiende que la verdad judicial no sea única. En segundo lugar, será exigible a esas personas la debida lealtad a la institución, lo que les obligará a evitar toda clase de filtraciones mediáticas y especulaciones políticas que puedan deteriorar la imagen nítida del TC. Por último, todos tienen obligación de hacer pedagogía, ya que la sociedad civil ha de entender cuál es la naturaleza profunda de los razonamientos judiciales, los argumentos de las decisiones y las opciones que se han tomado en consideración y que, por el rango del tribunal, prevalecerán sobre todas las demás.

Sería muy favorable en este sentido que estos 11 selectos juristas fueran capaces de desprenderse en lo profesional de las etiquetas de progresistas y conservadores que les hemos endosado y que ellos han aceptado con resignada complacencia. No es ningún desdoro tener ideas ni principios pero solo unos estadistas verdaderos son capaces de hacer prevalecer el contrato social que yace bajo la Constitución sobre los intereses fragmentarios o de partido. Ojalá tengamos la ocasión de asistir a este magno espectáculo.