IGUALDAD

Diez lecciones de la ley de violencia de género

La ley depende de los recursos y de quienes están al frente, y no siempre hay recursos ni formación suficiente

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Un cartel en una concentración contra la violencia de género.

Un cartel en una concentración contra la violencia de género.

Los terribles asesinatos machistas de diciembre coincidieron con los 18 años de la ley de violencia de género. Ya, con mayoría de edad, podemos valorar sus fortalezas y debilidades. De unas cifras superiores a 70 asesinadas al año, la media ha bajado a 50. Hubiese sido adecuado contabilizar también a las mujeres salvadas por esta ley, porque antes no había nada. El problema es que, tras 18 años, aún hay asesinadas porque aún hay agresores machistas.

Una ley o teoría es útil si funciona en la práctica, y el machismo siempre aprovecha las grietas para atacar. La ley depende de los recursos y de quienes están al frente. Y no siempre hay recursos ni formación suficiente. Estos 18 años demuestran que no todo es el sistema penal y que eso llega tarde cuando ya se cometió la agresión. Que lo que hay que hacer es evitar que suceda. Y que si asesinan es porque siguen aprendiendo del machismo. Quizá ya es hora de aplicar la otra mitad de la ley: más educación y formación. 

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Me quedo con la sensación de que no escuchan a las mujeres. Si yo, que no soy nadie, recibo cada día mensajes donde ellas me advierten de los fallos, ¿cómo no lo saben quienes pueden repararlo? Aquí reúno 10 de esas grietas.

  1. Aún no hay un juzgado especializado por cada partido judicial (territorio que se divide para distribuir la justicia). Hay 429 partidos judiciales y, según el CGPJ (datos de 2020), solo 106 juzgados. No llegan ni a la mitad. Otros asumieron esa carga y al final atienden un robo, un desahucio o a una mujer que denuncia violencia de género, sin estar especializados. Ni siquiera hay un juzgado de este tipo en todas las provincias. 

  2. Esto es el inicio de cómo ser atendida en Málaga, en Alcobendas o en Tenerife puede ser diferente y determinante para ellas. Y esto también afecta a las casas de acogida sobresaturadas, o a las unidades de agentes al servicio de las mujeres.

  3. Además de la valoración policial del riesgo (Viogen), se previó crear Unidades de Valoración Forense Integral (con psicóloga, trabajadora social y forense), pero no hay en todos los partidos judiciales y están saturadas de trabajo, cuando sus informes son vitales. Donde no existen unidades hay equipos psicosociales, pero su metodología es diferente. 

  4. Las mujeres están agotadas de declarar varias veces y no siempre hay una valoración urgente del riesgo a tiempo. Se fía todo al Viogen, más automático. Hay valoraciones que se necesitan en 72 horas y no se cumple. A veces hay un solo forense para varios partidos judiciales, advierte la Fiscalía.

  5. A causa de los juicios rápidos, muchas mujeres solo consiguen sentencia del último golpe, sin reconocer el maltrato continuado, y ellos reciben menos pena. Solo el 6,6% se juzga como maltrato habitual.

  6. No es igual la mujer que tiene una discapacidad o la extranjera que no sabe el idioma o quien no tiene recursos. Entre nosotras hay desigualdades que condicionan.

  7. El Defensor del Pueblo advierte del trato de algunos funcionarios de policía que las “toman por locas”, de por qué lo que se demuestra en los juzgados de violencia contra la mujer se cuestiona en el de familia, de “equipos sociales que condicionan el nivel de ayuda” según las creen o no.

  8. Reconocen no saber cómo denunciar, sentirse desamparadas por abogados sin formación, de no recibir tratamiento respetuoso, de que se desactive Viogen sin que sean informadas, de no existir toda la coordinación entre instituciones y de que no se proteja a sus hijos. 

  9. Naciones Unidas advirtió de un patrón en la justicia española que desprotege a las madres que denuncian abusos sexuales de sus hijos por parte de sus padres y a las que se aplica el SAP, un error hasta reconocido por el Consejo General del Poder Judicial.

  10. Necesitamos transparencia en el uso del dinero destinado a las violencias machistas, por ejemplo el del Pacto de Estado, que luego algunos ayuntamiento o comunidades lo usan para manuales de prostitución o campañas de cultura de la violación, en lugar de destinarlo a lo necesario.

Esto es solo la punta del iceberg. Los fallos, los saben sus responsables. Quizá es hora de decir por qué no se corrigen a tiempo. A ver si no hacen falta más años para dar respuesta a lo que ellas, desesperadas, están gritando ante un sistema que no siempre está a la altura.