Del amparo y la imparcialidad

Cuatro años de bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial porque sí, porque el Partido Popular decidió que no quería perder la mayoría conservadora en ese órgano. Cualquier argumentación ha sido buena durante este tiempo para sostener y no enmendar que mientras el resto vivimos en 2022, la cúpula del poder judicial lo haga en 2018.

Como en un Goodbye Lenin disléxico no se trata de ocultar a la madre encerrada en casa que el muro de Berlín ha caído, sino que desde la sala de plenos del CGPJ nos quieren hacer creer que las elecciones de 2019 no existieron, y que pueden permanecer en sus puestos hasta que se estime conveniente. Mientras se discute de la oportunidad del sistema de elección que les llevó ahí o de la despolitización de la justicia, que debe ser menor cuando se eligen los miembros entre las asociaciones judiciales, como todo el mundo sabe entes desprovistos de criterio y posicionamiento público sobre la actualidad, que si lo eligen los depositarios de la soberanía nacional elegidos democráticamente por nosotros que no sabemos votar lo adecuado ni indirectamente.

No deja de ser curioso que los que hacen un discurso más encendido sobre la necesidad de independencia del gobierno de los jueces, hayan utilizado el Tribunal Constitucional como una tercera cámara de revisión, recurriendo cuantas leyes de enjundia han salido de los poderes legislativos de este país. Cuarenta y tres recursos llevan presentados en esta legislatura, más de uno por mes, la formación de ultraderecha que al superar la barrera de los 50 diputados les posibilita interponer recurso de inconstitucionalidad, toda vez que ya habían experimentado largamente con el recurso de amparo antes de su abrumadora presencia institucional.

Y en este comienzo de nuestra deriva institucional, y mas allá de la pertinencia de la modificación del delito de secesión o del de malversación, el Partido Popular se suma a las maniobras orquestadas pidiendo amparo sobre una supuesta vulneración del derecho de participación política de sus diputados, cuando en realidad lo que presentan es un recurso previo de inconstitucionalidad inexistente en nuestra legislación desde 1985. Y dos de los magistrados que tienen que decidir suspender de forma cautelarísima la tramitación de la reforma han sido recusados por ser juez y parte en este proceso, deberían haber sido sustituidos ya por el Gobierno si el CGPJ hubiera nombrado también a los otros dos que le corresponde. Y esta es la pescadilla que se muerde la cola y que el PP no piensa soltar hasta por lo menos las elecciones municipales y el PSOE quiere sacudirse de encima antes de que comience 2023.