4
Se lee en minutos
Ética de Estado y mentalidad democrática

La ética de Estado de la derecha brilla por su ausencia desde décadas. Su mentalidad es más cercana al patrimonialismo de Estado. La ética estatal exige limitar la instrumentalización de las instituciones en beneficio propio. El patrimonialista deja funcionar el Estado en la medida en que sea mío. Si no, no lo usa nadie. Esta es la lógica que ha bloqueado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) más de cuatro años. Cuando el Gobierno intenta salvar el bloqueo mediante atajos, toda vez que el dispositivo legal directo está bloqueado, los patrimonialistas, en lugar de gritar «¡Nos quitan lo nuestro!», gritan «¡Golpe de Estado!». Así se autorizan a sí mismos para hacer lo que hicieron, que es la causa de todo.

Por chapucero que sea un acto legislativo, no deja de ser un acto legislativo. Pensar que al legislar se violan derechos fundamentales de parlamentarios, es contraintuitivo. Daba vergüenza escuchar a una Gamarra desaforada decir que deseaba proteger esos derechos. Quienes han violado los derechos parlamentarios son quienes han impedido que este Parlamento pueda nombrar al nuevo CGPJ y renovar al TC. Usan la exigencia legítima de un amplio consenso en el nombramiento del CGPJ y del TC para imponer un veto que priva de derechos al Parlamento entero. Si esto hubiera sucedido en el Parlamento Largo de Cromwell, no quedaría ni el solar de la casa del culpable de este abuso.

Al exigir amparo al TC para bloquear la acción parlamentaria, el grupo del PP persevera en la renuncia al ejercicio de sus funciones, como es nombrar altas magistraturas del Estado. Por tanto, no veo cómo alegan indefensión respecto de sus derechos fundamentales los que estaban de antemano renunciando a ejercerlos y, de hecho, prohibían hacerlo a los demás grupos parlamentarios.

Bloqueo institucional

Lo que ha mostrado esta actitud del grupo del PP, al bloquear durante más de cuatro años un derecho del Parlamento, es la autoanulación de su dignidad de representantes populares y su incapacidad de respetar la lógica democrática. Así ha entregado su base de soberanía popular a una corporación de funcionarios de los que ya ha caducado su delegación de autoridad. Que entreguen a una potestad funcionarial delegada y secundaria la autoridad originaria de la representación popular, muestra su incapacidad de comprender la lógica democrática. Su inconsecuencia última consiste en presentar su causa a un TC que su misma política lo ha debilitado.

Esa es la clave de la lógica patrimonial. Si la democracia atenta a mis intereses, la neutralizo. Quiero pensar que se debe al escaso hábito democrático, pero quizá sea la mentalidad propia de la tradición de la derecha, que con frecuencia entregó a funcionarios la defensa de sus intereses patrimoniales estatales. Ahora muchos hablan de cobardes y de valientes. Yo, que no soy ni una cosa ni otra, solo digo que no me gusta vivir en un país en el que los representantes del pueblo se escudan en órganos funcionariales para neutralizar el resultado democrático originario.

¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Porque la derecha entiende que ahora tiene la oportunidad de utilizar la irresponsabilidad de las fuerzas independentistas para acabar con el nacionalismo catalán. Y lo harán si gobierna. Entonces, el primer error vendrá acompañado de medidas que separarán el nacionalismo del gobierno catalán, con la certeza de que, si retiran de sus manos el Presupuesto de la Generalitat, su derrota será irreversible. La derecha no teme que se repita de nuevo un 1-O. Se mueve desde la creencia de quien ha ganado el juego ideológico, pues ha logrado el punto de intensidad del nacionalismo español adecuado para destruir al nacionalismo catalán, al igual que se intentó vincular el nacionalismo vasco a ETA y aprovechar el terrorismo para acabar con el nacionalismo vasco.

Lo que sobre todo quiere la derecha es que el nacionalismo catalán no tenga una oportunidad de salir del atolladero. Sabe que cualquier nueva oportunidad será llevada ante el TC. Por eso tiene que controlar ese TC. El problema es que, para controlar el TC, tiene que controlar el CGPJ, y para esto último, tiene que disminuir las funciones del Parlamento. Eso es lo que ahora emerge con toda claridad. Sin embargo, no puedo acabar este artículo sin señalar un déficit de mentalidad democrática en otra parte.

Noticias relacionadas

En efecto, el independentismo catalán no puede coquetear ya con la vieja idea de llevar al Estado contra las cuerdas y esperar un error que verifique lo que ellos piensan que es, bárbaro y violento. Se ignora que la potencia sádica más refinada es la del frío derecho. El Estado tiene la prima de la legalidad y ya no cabe duda de quién va a aparecer como revoltoso y provocador ante el mundo, toda vez que el independentismo ha conservado democráticamente el poder. Esa vía está cerrada. Pero si se quiere negociar bien con el Estado, ERC no puede seguir una lógica interna partidista en Cataluña. Si ANC quiere seguir llevando aquel camino, ERC no puede responder a ese amateurismo político con «Lo mismo, y dos huevos fritos».

En la situación en la que estamos, cabe pedir un esfuerzo más a los señores republicanos. Su oferta no puede ser que con un 28% de votos del censo se pueda legitimar una secesión en un Estado democrático, sobre todo cuando son muchos más que esos los votantes españoles que quieren que Cataluña vea reconocidos sus derechos históricos en la Constitución del Estado de una forma clara, nítida y no sometida a los vaivenes de una insensata política derogatoria.