Opinión | INTERNACIONAL
Crisis en Perú
El depuesto Pedro Castillo es el sexto presidente que se enfrenta a la prisión, mientras su sucesora promete elecciones en un clima de caos
Se entendería mal la realidad política latinoamericana, instalada sobre una sociedad altamente desigual, sin tener en cuenta que la disyuntiva derecha-izquierda adquiere allí una significación socioeconómica mucho más radical que en Europa. En el Perú actual, inmerso en una grave crisis política, una cuarta parte de los 33 millones de habitantes vive en la pobreza. Naciones Unidas advirtió en noviembre de que el país tenía la tasa de inseguridad alimentaria más alta de América del Sur, con la mitad de la población sin acceso regular a una nutrición suficiente. Esta situación explica el afloramiento de opciones extremas.
El caso peruano es paradigmático: Pedro Castillo, el presidente ahora depuesto y encarcelado tras un autogolpe con el que pretendió disolver arbitrariamente la Asamblea, es el sexto expresidente que se enfrenta a una pena de prisión en lo que va de siglo, síntoma evidente de inestabilidad institucional y de que el Congreso es una de las instituciones en las que menos se confía.
Antes de Castillo, la historia reciente de la presidencia peruana es trágica: Alberto Fujimori está en la cárcel; Ollanta Humala y su esposa pasaron nueve meses en prisión preventiva; Pedro Pablo Kuczynski, tres bajo arresto domiciliario; Alan García se suicidó cuando llegaron a arrestarlo y Alejandro Toledo está a la espera de ser extraditado de EEUU para enfrentarse a cargos de corrupción. Fujimori, elegido presidente en 1990, dio un autogolpe dos años después de llegar al poder para abrir la puerta a una dictadura personal y poner en marcha una brutal campaña antiinsurgencia. En 2009, fue condenado a 25 años de prisión por abusos contra los derechos humanos.
Ahora, la nación se enfrenta al caos social y político mientras la presidenta Dina Boluarte ocupa el lugar de Castillo y promete elecciones anticipadas con la dificultad añadida de que los cargos electos no pueden repetir y los actuales diputados se niegan a acortar su mandato, que concluye en 2026. El país está en llamas, con al menos 25 muertos en los disturbios.
Latinoamérica, durante décadas patio trasero de Estados Unidos, ha sufrido múltiples servidumbres que han impedido asentar la democracia y desarrollarse económicamente. La izquierda democrática ha avanzado de forma significativa en el continente. En 2021, Chile y Honduras y, en 2022, Colombia y Brasil han dado un vuelco hacia el progresismo. Los analistas atribuyen este viraje al sufrimiento económico, al aumento de la desigualdad, al descontento con los gobernantes y a la mala gestión de la pandemia de covid-19.
Todo ello habría impulsado un movimiento pendular hacia la izquierda, que promete una distribución más equitativa de la riqueza, mejores servicios públicos y redes de seguridad social ampliadas. Pero los nuevos líderes de la región se enfrentan a graves limitaciones económicas y a ineficiencias de los sistemas políticos. Por eso, la consolidación democrática, lejos de los malos ejemplos de Cuba, Nicaragua o Venezuela, debería ser el objetivo preferente de la izquierda y de la derecha latinoamericanas para generar un marco de estabilidad capaz de elevar el nivel de vida de un continente que no termina de despegar.
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