El búnker judicial contra la soberanía popular

"La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado" (Art 1.2). "Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado" (Art 66.1). Las Cortes Generales son inviolables” (Art.66.3). El Congreso de los Diputados por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros elige al presidente del Gobierno quien responde de su gestión ante el Congreso. El Congreso puede exigirle la responsabilidad política mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. (Título V arts. 108 y 113). “La justicia emana del pueblo” (Art 117) y “el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo” (Art. 122.2). El CGPJ está integrado por su presidente, que es el mismo del Supremo, y por 20 miembros nombrados por un periodo de cinco años entre jueces, magistrados, abogados y juristas de reconocido prestigio.

En conclusión, y como dice la Constitución, la soberanía reside en el pueblo español que está representado en las Cortes Generales. El poder deriva de la soberanía popular, como en todas las democracias, y está separado en tres poderes: legislativo, ejecutivo, y judicial. Es el Legislativo quién representa al pueblo español, porque es el único que se elige directamente por votación popular. Es evidente que esto no lo aceptan los que dicen que “los jueces deben elegir a los jueces”, es la letanía de la derecha, sin base constitucional alguna. Nunca lo ha mandado la Comunidad Europea, no tiene competencias para hacerlo; es una mentira que no es ni será verdad, por mucho que se repita. Adolfo Suárez desmontó el búnker político franquista; Felipe González la columna vertebral del régimen que era el ejército, convirtiéndolo en un ejército constitucional y moderno; pero las primeras elecciones al CGPJ —las únicas en que los jueces eligieron a los jueces— reforzaron la judicatura y magistratura derechista. Desde entonces el CGPJ en la mayoría de las ocasiones ha tenido una mayoría procedente de organizaciones conservadoras judiciales, en especial de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura. El CGPJ ha nombrado a todos los titulares de tribunales autonómicos y audiencias, y a los más de 80 miembros que componen todas las Salas del Tribunal Supremo. Los 12 miembros del Tribunal Constitucional nombrados para nueve años se renuevan por tercios. Hace meses que habría que haber renovado el tercio correspondiente al Gobierno y al CGPJ, pero la mayoría conservadora de éste lo ha bloqueado.

El CGPJ con un mandato de cinco años debería haber renovado sus 20 miembros hace cuatro años. De estos, 12 son propuestos por las organizaciones judiciales y serán jueces y magistrados, y los otros ocho juristas o abogados. Todos los deben elegir, por tres quintos, el Congreso y el Senado. Cuando Aznar estaba en la oposición, también bloqueó la renovación durante meses, lo mismo hizo Rajoy hasta que ganó la presidencia, pero nunca llegaron a retrasarlo cuatro años, como han hecho Casado primero, y ahora Feijóo. El resultado es que, en lugar de reflejar la mayoría existente en las Cortes en cada momento, se ha momificado. Hasta que el Gobierno lo prohibió por ley, un CGPJ caducado ha seguido nombrando a todos los jueces y magistrados que les corresponde reforzando el búnker judicial. Se apoyan en un inexistente mandato de la Unión Europea; en el bloqueo que el Partido Popular sostiene; y ahora los mismos magistrados conservadores bloquean la renovación del Tribunal Constitucional, negándose a nombrar a los dos magistrados que les corresponden del Constitucional.

En suma: están boicoteando que sean las Cortes, sede de la soberanía popular, quienes nombren el gobierno de los jueces, el CGPJ, poniendo por encima el sentido corporativo, su ideología derechista, anticonstitucional y antidemocrática. El intento último, por iniciativa del Partido Popular, de paralizar una votación en las Cortes es un ataque directo a la soberanía del pueblo español. Las Cortes Catalanas o Vascas son la sede de la autonomía catalana y vasca; la soberanía solo tiene una sede: en las Cortes Generales. No es comparable a la anterior intervención del Tribunal Supremo. Violar una votación en las Cortes es un ataque directo a la democracia.

Al gobierno no le queda otra opción que limitar el tiempo para reunir tres quintos de la Cámara; si no hay acuerdo que se haga por mitad más uno tanto en la elección del Supremo como del Consejo General del Poder Judicial. Y rápido, que ya les vale.