Opinión | ECONOMÍA

Salario mínimo y poder adquisitivo

El Gobierno afronta la aprobación del salario mínimo interprofesional en un contexto de desigualdad social y encarecimiento de la cesta de la compra

José Luis Escrivá

José Luis Escrivá / EFE

El Gobierno español afronta la compleja decisión de aprobar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023 en un contexto de agravamiento de la desigualdad social y fuerte encarecimiento de la cesta de la compra y de las facturas domésticas (luz, gas, alquiler, hipoteca). Este salario fija directamente el sueldo de dos millones de asalariados y actúa como referente en la negociación colectiva y en multitud de baremos económicos y prestaciones sociales.

Actualmente, se sitúa en 1.000 euros brutos mensuales a jornada completa, con 14 pagas anuales, tras los significativos aumentos acumulados del 33,5% aprobados en los últimos años por el Gobierno de coalición, sin que se haya producido la destrucción de empleo augurada por quienes querían mantenerlo en su anterior nivel ínfimo de 735 euros brutos mensuales. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomendó la pasada semana tomar como referencia la inflación en cada país para subir los salarios mínimos y así proteger el nivel de vida de las familias y de los asalariados más vulnerables ante el drástico incremento de los precios. Al mismo tiempo, se mantendrían bajo control las finanzas públicas.

El organismo financiero recordó que estudios recientes han mostrado que la subida del salario mínimo, aunque sea elevada, ha tenido un efecto positivo en la economía sin dañar el empleo y sin provocar un efecto rebote en las retribuciones más altas, por lo que no tiene apenas impacto en la inflación. Un argumento que aplica a una revalorización acotada a los salarios más bajos -en consonancia con la filosofía que preconiza el Eurogrupo respecto a las ayudas públicas para amortiguar los efectos de la inflación y el incremento de los costes de la energía- sin generar un incremento lineal susceptible de alimentar una espiral de salarios-precios.

En España, con una inflación media acumulada del 8,5%, esa recomendación implicaría un salario mínimo de entre 1.068 y 1.085 euros brutos mensuales, con la cifra más alta si se aplicara la misma revalorización aprobada para las pensiones (8,5%), como piden los sindicatos. Por el contrario, las subidas pactadas en los convenios se limitaban al 2,64% hasta octubre, según el Ministerio de Trabajo. Una pérdida de poder adquisitivo que dobla la media de los Estados miembros de la OCDE y que puede traducirse en menor consumo y menor actividad económica, aunque también puede haber contribuido -junto a la llamada excepción ibérica energética- a una inflación más baja que en el resto de países miembros. 

La patronal, por su parte, lleva meses rechazando medidas que impliquen un aumento de los costes laborales. Las empresas han aumentado su beneficio ordinario neto en un 94,7% durante los nueve primeros meses del año, según el Banco de España. Aquellas que han podido mantener sus márgenes están, pues, en muy distinta disposición a la hora de definir su política retributiva para 2023 de aquellas que ya han sufrido en sus resultados o lo harán en los próximos trimestres, bien por el impacto directo de alguna de las derivadas de la guerra de Ucrania, bien por la desaceleración general de la economía española.