La reforma pendiente de la Constitución

Ayer se conmemoró el 44º aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978, texto que, con sus virtudes y sus defectos, representó en aquel momento un hito histórico que puso fin a cuatro tenebrosas décadas de dictadura franquista. El valor de aquella Carta Magna es múltiple: devolvió la democracia a España, con la recuperación del pluralismo y las libertades políticas y civiles; permitió la descentralización del Estado, el reconocimiento de las nacionalidades históricas y de las lenguas propias, y homologó el país con el resto de las democracias europeas. Supuso, por tanto, un cambio esencial con lo vivido desde el golpe de Estado encabezado por el general Francisco Franco en 1936, la Guerra Civil y la posterior tiranía de los vencedores.Pero, pasados 44 años, el texto constitucional demanda a gritos un ajuste a la realidad de 2022. 

La España de ahora no es afortunadamente la de 1978. Ha cambiado mucho y algunos aspectos de la Constitución hace años que precisan de un buen remozado para adecuarla a nuevas realidades. Pero el orgullo por lo conseguido, unido al pánico que les producía a los dirigentes políticos la posibilidad de abrir el melón constitucional sin controlar cómo se cerraría, hizo que solo se hicieran retoques mínimos, obligados por la coyuntura y con cirugía no invasiva. La reforma no se hizo cuando las mayorías electorales podían haberla facilitado, y ahora es más difícil debido a la fragmentación parlamentaria tras la aparición de nuevos partidos que mantienen, además, posiciones más radicales sobre el texto constitucional. La ultraderecha de Vox no solo se opone a cualquier avance en la descentralización territorial, sino que defiende la supresión del Estado de las autonomías. Mientras, Unidas Podemos y otros grupos mantienen enérgicas posiciones republicanas. No favorece tampoco esa modificación la polarización política y las casi nulas posibilidades de pacto entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, que siguen siendo el núcleo central del sistema político. 

El desinterés por alcanzar acuerdos, a diferencia de 1978, no es tan grave como el clima en el hemiciclo

Si son incapaces de cambiar el artículo 49 para sustituir la expresión "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos" por la mucho más adecuada "personas con discapacidad", cómo esperar, por ejemplo, la eliminación de la inviolabilidad del Rey. Pero quizá lo más grave de la actual coyuntura no sea el desinterés por alcanzar acuerdos, en contra, por cierto, de lo que ocurrió en 1978; lo terrible del momento es que, lejos de exhibir las mejores virtudes de la palabra, impera en el hemiciclo un clima permanente de hostigamiento, crispación e insulto.

También es preocupante el rechazo consciente a cumplir la Constitución cuando, como ocurre por ejemplo desde hace cuatro años, el PP se niega con excusas distintas a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o cuando una parte de los miembros conservadores de ese órgano caducado de gobierno de los jueces incumple intencionadamente la ley al impedir la renovación del Tribunal Constitucional. 

Quizá no nos quede más remedio que aceptar que la reforma de la Constitución tendrá aún que esperar, pero a lo que no podemos resignarnos es a que sus disposiciones se infrinjan deliberadamente.