Unión Europea

Órganos de igualdad fuertes para combatir la discriminación en la UE

A través de una nueva iniciativa legislativa adoptada por la Comisión Europea, queremos que los organismos de igualdad desarrollen todo su potencial

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Órganos de igualdad fuertes para combatir la discriminación en la UE

Las normas actuales de igualdad de la Unión Europea (UE) requieren el establecimiento de organismos nacionales de igualdad en todos los Estados miembros de la Unión. Estas instituciones se han revelado necesarias y valiosas para la afirmación del principio de no discriminación de las personas y la adopción de políticas de igualdad por parte de las administraciones públicas y las organizaciones privadas.

Muchos Estados miembros han propiciado que sus organismos de igualdad desempeñen un papel significativo y se conviertan en centros clave de experiencia y apoyo en las denuncias de discriminación. Aunque existen numerosas buenas prácticas, el panorama de los organismos de igualdad en la UE se caracteriza por una gran diversidad que, lamentablemente, también incluye una independencia insuficiente y poderes limitados. Esto se debe a que la legislación existente solo contiene criterios mínimos sobre competencia e independencia, sin establecer estándares.

Esta situación crea disparidades en la forma de apoyar a las víctimas en toda la Unión Europea. Construir una ‘Unión de la Igualdad’ significa garantizar que las personas de todos los Estados miembros disfruten de un nivel mínimo común de protección contra la discriminación, con derechos de reparación equiparables.

A través de una nueva iniciativa legislativa adoptada hoy por la Comisión Europea, queremos que los organismos de igualdad alcancen todo su potencial para contribuir de manera efectiva a la aplicación de las normas de igualdad de la UE, ayudar a las víctimas de discriminación a acceder a la justicia, participar en actividades de prevención y promoción, crear conciencia del derecho a la no discriminación y fomentar conocimientos y capacidades de las entidades públicas y privadas.

Esto último es absolutamente necesario, ya que la percepción de discriminación por motivos de origen racial y étnico, orientación sexual,  religión o creencias, discapacidad y edad, es elevada y oscila entre el 59% y el 40%. La ausencia de informes sobre la discriminación continúa siendo un problema generalizado y muchos incidentes pasan inadvertidos.

La discriminación representa un coste para los individuos, para la sociedad y para la economía. Frente a la escasez de mano de obra y las brechas en materia de cualificación, debemos abordar los desafíos a largo plazo para la inclusión en el mercado laboral de las mujeres, las personas con discapacidad, los gitanos y las personas de origen migrante. Facilitar la igualdad en la vida cotidiana de las personas constituye una gran oportunidad para el crecimiento inclusivo y sostenible. La consolidación de organismos de igualdad más fuertes es parte de la solución.

La legislación propuesta sobre normas para los organismos de igualdad que acaba de presentar la Comisión Europea mejorará la forma en que operan estas entidades. Los Estados miembros deberán garantizar que cuenten con garantías sólidas para su independencia, estén adecuadamente financiados y se les confíen los poderes necesarios para ayudar de manera efectiva a las víctimas de discriminación.

El apoyo de un organismo público de igualdad a los ciudadanos que se enfrentan a la discriminación debe suponer un cambio en las reglas del juego. Los servicios de los órganos de igualdad tendrán que ser gratuitos y accesibles para todas las víctimas y en las mismas condiciones, sin barreras.

Los organismos públicos de igualdad deberán facilitar a los denunciantes toda la información necesaria y una evaluación preliminar de su caso. En todos los casos deberán plantear todas las posibilidades para perseguir casos de discriminación, incluida la búsqueda de una resolución amistosa entre las partes, investigar a fondo, emitir opiniones o decisiones vinculantes y llegar, incluso, a los tribunales.

Con nuestras propuestas, los organismos de igualdad podrán desempeñar un papel esencial en la construcción y en el intercambio de conocimiento. Las instituciones estarán obligadas a consultar a estos órganos de manera transparente y oportuna sobre asuntos relacionados con la igualdad y que consideren sus recomendaciones.

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Estos organismos podrán contribuir a mejorar la recopilación de datos sobre igualdad, un factor crucial para el seguimiento y la formulación de políticas contrastadas. Sus informes periódicos sobre el estado de la igualdad de trato y la discriminación ayudarán a arrojar luz sobre los desafíos que deben abordarse.

Si lo hacemos bien, los organismos de igualdad no solo podrán luchar contra la discriminación a corto plazo y en casos individuales; podrán ayudar también a los Estados miembros a incorporar el principio de igualdad y promover el progreso a medio plazo hacia sociedades cohesionadas basadas en la equidad y la inclusión.