Opinión | TRAGEDIA DE MELILLA
Marlaska y el sistema
Lejos de disiparse, arrecian las dudas sobre la versión que el titular de Interior ofrece del drama vivido en junio durante el asalto a la valla de Melilla
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó por enésima vez este miércoles en el Congreso de los Diputados cualquier responsabilidad en la muerte de al menos 23 migrantes aplastados y asfixiados en la valla de Melilla el 24 de junio de 2022, cuando asaltaron la frontera varios centenares de subsaharianos huyendo del hambre y la falta de oportunidades. Su intento de acceder ilegalmente a España fue duramente reprimido por las fuerzas armadas marroquíes. Según Marlaska, ningún inmigrante murió en territorio español y la Guardia Civil actuó de forma proporcionada ante la envergadura del intento masivo de asalto a la valla. La prensa internacional, con la BBC a la cabeza, ha puesto en duda la versión del ministro, que también ha sido contemplada con escepticismo tras las imágenes de la investigación llevada a cabo por varios medios de comunicación junto a Lighthouse Reports.
De esas pesquisas se desprendería que hubo al menos un muerto en el territorio español y no se atendió a las víctimas de la brutalidad marroquí. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, cuyo compromiso con la verdad está acreditado, ha asegurado que los deportados exprés que fueron devueltos en caliente a Marruecos alcanzan la cifra de 470, en vez del centenar que ha reconocido el Ministerio del Interior. Los miembros de la Comisión de Interior del Congreso han podido ver los vídeos policiales españoles de aquellos sucesos, incluso los filmados por un dron y un helicóptero, sin que las dudas se hayan disipado del todo. En consecuencia, las espadas siguen en alto mientras la oposición -y algún partido que respalda habitualmente al gobierno, como ERC- solicita de manera reiterada la dimisión de Marlaska, que se niega a abandonar el cargo.
Pase lo que pase, lo seguro es que nuestra democracia fracasó ese día ante la valla de Melilla al no lograr el necesario equilibrio entre la defensa territorial y el deber de asistencia a los migrantes cuya integridad física peligraba. El sistema establecido es responsable de estos dramas humanos que se repiten periódicamente. Hay que recordar que en febrero de 2014, con Jorge Fernández Díaz al frente de Interior, 15 personas murieron en el Tarajal, en Ceuta, en unos sucesos similares. Todo ello no ocurriría si la Unión Europea estableciera unos canales de acceso fronterizo ordenados y con reglas claras que permitieran a quienes solicitan asilo plantear su petición. Y si existieran políticas comunitarias de refugio y repatriación basadas en la cooperación y en la reciprocidad.
Es evidente que las fronteras europeas no pueden estar incontroladas, pero también resulta cuestionable desde el punto de vista humanitario una insuficiente política de ayuda al desarrollo que dé oportunidades de prosperar a la población del continente africano, evitando así la vía obligada de la emigración. Hay que ordenar los flujos, combatir el tráfico de personas e impedir las muertes masivas en el Mediterráneo. El caso Marlaska es el recordatorio de una gran sinrazón. Sea cual sea la suerte final del ministro, es apremiante que Bruselas considere la cuestión migratoria como uno de los problemas más sangrantes y urgentes que debe afrontar.
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