Buen acuerdo sobre hipotecas

La penosa experiencia de la crisis económica de 2008, cuando decenas de miles de personas perdieron sus viviendas al no poder pagar sus hipotecas tras quedarse sin trabajo y generando que los bancos se hicieron con un indeseado parque inmobiliario, ha permitido al Gobierno alcanzar ahora un acuerdo con la banca. El objetivo: ayudar a las familias vulnerables afectadas por la subida de tipos de interés de los créditos hipotecarios. 

El departamento que dirige Nadia Calviño y las patronales bancarias han hecho un esfuerzo para evitar situaciones dramáticas como las que se vivieron entonces, teniendo presente que no existe justificación alguna para que las personas con menos recursos sean las más penalizadas por la inflación y las decisiones de los bancos centrales para frenarla.

Calviño pide a los bancos que asuman las ayudas hipotecarias: "Es el momento de arrimar el hombro"

Se puede considerar una buena noticia ese pacto y la decisión del Consejo de Ministros de plasmarlo en una mejora del Código de Buenas Prácticas para familias vulnerables, aquellas con ingresos anuales de hasta 25.200 euros, así como en un nuevo código voluntario de apoyo a hogares de clase media hipotecados y con ingresos de hasta 29.400 euros. El hecho de que Gobierno y banca llevaran meses negociando hace prever que las entidades suscribirán esos códigos. 

Las medidas aliviarán a más de un millón de familias, que tendrán la oportunidad de alargar el periodo de carencia y los plazos de los pagos de sus créditos, reduciendo así la cuota mensual, además de renegociar las condiciones del préstamo sin verse penalizadas por ello. Con esa intención, el Gobierno ha aprobado también un real decreto que facilita el cambio de una hipoteca con tipo de interés variable a otra con tipo fijo, eliminando las comisiones. La nueva Autoridad de Defensa del Cliente, una figura prevista en un proyecto de ley aprobado este martes, vigilará el cumplimiento de estas normas y dará seguridad a los usuarios frente a los bancos.

Estas medidas de alivio a los hipotecados no tienen por qué suponer perjuicio para las entidades bancarias, que encontrarán, sin duda, un beneficio en la renegociación de los créditos con la que evitarán impagos o embargos generalizados, como ocurrió hace más de una década. No obstante, esta ha sido una de las preocupaciones de las patronales bancarias en su negociación con el Ejecutivo, interesadas, obviamente, en preservar un mercado hipotecario sólido y equilibrado, y, desde luego, por mantener saneado el negocio bancario.

Es precisamente la búsqueda de ese beneficio mutuo, que protege a los más vulnerables y a las familias de clase media hipotecadas y evita perjudicar a los bancos, lo que permite considerar equilibrados estos compromisos. 

Cabe preguntarse si como dicen la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra Ione Belarra, de Unidas Podemos, estos acuerdos son insuficientes y suponen solo "un pequeño paso", porque es evidente que siempre se puede aspirar a proteger a un colectivo más amplio. No obstante, cabe concluir que estas medidas, aun siendo mejorables, suponen un avance en la protección de los más vulnerables y en la prevención de situaciones desdichadas.