Sánchez: tropezones en el camino

La legislatura está en su último tramo, ya que previsiblemente las elecciones generales serán en diciembre de 2023; antes, en mayo, se celebrarán las elecciones autonómicas y municipales, una especie de aperitivo antes de la gran confrontación. Esta secuencia enrarecerá el proceso político durante el próximo año ya que todas las miradas estarán puestas en el gran dilema entre la derecha y la izquierda, conceptos que han resurgido con fuerza inusitada después de haberse instalado sendas formaciones radicales en los dos extremos del espectro.

Una vez desvanecido el efímero efecto Feijóo, ulterior a su aterrizaje, Pedro Sánchez parece haber recuperado el ímpetu, y las encuestas ya le sitúan de nuevo en primer lugar. España será el primer país de la UE que reciba la tercera partida de los fondos Next Generation, su posición en Bruselas es tan sólida que algunos de sus postulados anticrisis han sido adoptados por la Comisión, y es patente que el Gobierno está empeñado en reducir los efectos negativos de la inflación sobre todo en las capas sociales más necesitadas. Subirán el salario mínimo y el ingreso mínimo vital, las pensiones mantendrán su poder adquisitivo, los hipotecados serán socorridos ante la escalada del Euríbor…

Parecería, en fin, que el Ejecutivo estaría avanzando impulsado por un viento a favor, si no fuera porque va experimentando sucesivos tropezones en el camino, que se traducen en controversias más o menos justificadas, desde que el principal partido de la oposición se desmarcara abruptamente del espíritu constitucional y se negara a renovar el Consejo General del Poder Judicial.

Primero fue el debate sobre la sedición, que hubiera necesitado más pedagogía. Los independentistas que huyeron de España tras el 1-O, con Puigdemont a la cabeza, no fueron devueltos a través de las euroórdenes cursadas porque no había en los países receptores leyes que sancionaran tan duramente las contravenciones incruentas denunciadas. En esta situación, la eliminación del delito de sedición, una figura decimonónica trasnochada, y su sustitución por otro de desórdenes agravados, moderniza nuestro ordenamiento y facilita el 'apaciguamiento' que se busca en Cataluña, en una paciente tarea que está rindiendo frutos evidentes. Algunos barones socialistas han criticado abiertamente la medida, con la vista puesta en las elecciones de mayo y aclarando que no secundan en esto a la oposición.

Posteriormente, esta discusión se ha enconado todavía más al anunciar ERC que presentaría una enmienda a la reforma de la secesión para afectar también a la malversación que en ocasiones lleva implícita aquel delito. Parece razonable que si se desactiva el delito principal, se revisen las sanciones conexas, pero hoy en día, por salud democrática, no parece presentable que se trasmita la sensación de que se quiere aliviar las culpas de los corruptos. La protesta de los mencionados barones ha subido de tono aunque muy probablemente la enmienda no prospere.

Estos contratiempos no han sido los únicos: hace pocos días ha estallado el escándalo de la ley del 'solo sí es sí' —L.O. 10/2022 de 6 septiembre, de garantía integral de la libertad sexual—, que unifica los delitos de abuso sexual y de agresión sexual y que, como efecto colateral imprevisto, eleva determinadas penas y rebaja otras, de forma que un puñado de condenados en firme han visto rebajada su sanción o han sido puestos en libertad. Si la mentalidad sobre estos delitos ha evolucionado y han sido aportadas nuevas garantías a los derechos de la mujer, no debería ser una tragedia que la reforma de la panoplia de penas beneficie por carambola a unos cuantos. Sin embargo, este efecto, que lógicamente molesta a las víctimas, pudo ser evitado mediante una disposición transitoria, como oportunamente advirtió el CGPJ en los puntos 241 a 245 de su preceptivo informe. Sólo la arrogancia de una ministra que no se ha dejado aconsejar por los juristas (y la falta de formación de los políticos, que todo hay que decirlo) ha causado esta crisis, que ya no es remediable.

La lista de contratiempos del Gobierno es aún más larga: el ministro del Interior, Marlaska, no se ha librado aún de las consecuencias de los trágicos incidentes en la valla de Melilla del 24 de junio pasado. La versión independiente del dignísimo defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, deja a Marlaska a los pies de los caballos.

Es evidente que esta racha de tropezones no será determinante del futuro a medio y largo plazo, pero esta suma de desencuentros sí podría influir en la formación exitosa de un bloque a la izquierda del PSOE —“Sumar” de Yolanda Díaz—, de cuya suerte electoral dependerá el equilibrio político que salga de las urnas en las generales. Quizá sea tiempo de que todas las partes se pongan al trabajo acuciante —la lucha contra la inflación y la posible recesión, la atención a los damnificados por la coyuntura— y dejen ya los debates prolijos para tiempos menos críticos y agitados.