REBAJAS DE PENAS

La grieta del 'sólo sí es sí'

Hay que encontrar una solución política y jurídica para restituir la credibilidad de una norma destinada a proteger a las mujeres frente a la violencia sexual

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Ambiente en la manifestación por el 8-M celebrada en Barcelona este año.

Ambiente en la manifestación por el 8-M celebrada en Barcelona este año. / FERRAN NADEU

Cinco excarcelados y decenas de casos en revisión por los efectos indeseados de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual -la popular 'solo sí es sí'- desde su entrada en vigor el 7 de octubre han hecho saltar todas las alarmas y ha provocado una profunda crisis política y jurídica sobre una de las leyes centrales de la legislatura. El origen de la ley cabe situarlo en el caso de la Manada y la indignación popular que desencadenó el primer fallo judicial en 2018, luego corregido por el Tribunal Supremo. La presión llegó a las instituciones y el PP, entonces en el Gobierno, se comprometió a reformar la ley. El testigo lo recogió el Gobierno de coalición y recayó en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero

Con la intención de extremar la protección de las mujeres frente a la violencia sexual, el consentimiento fue un eje central de la ley y se eliminó el delito de abusos sexuales, integrándolo en el de agresiones sexuales. Con dicha unificación, se fijó una horquilla de penas adaptadas a los diferentes comportamientos delictivos. Para algunos supuestos se contempló un endurecimiento penal. Para otros, mínimos más bajos. Y ahí empezó a abrirse una grieta que ahora ha provocado un auténtico terremoto político, judicial y social. Los jueces siguen el principio que les obliga a aplicar la norma más beneficiosa para el condenado con carácter retroactivo. Al haber bajado los mínimos en algunos supuestos, los reos tienen derecho a ser beneficiados por la nueva ley

Por ingenuidad o por soberbia, es evidente que hubo un error de cálculo pese al aviso de los expertos

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A pesar de la alarma generada por la revisión de los casos, solo afecta a una parte de los condenados. En ningún caso se va a producir un alud de excarcelaciones, únicamente podrán beneficiarse aquellos condenados por una pena mínima. El impacto es limitado pero no debería de haberse producido. Del mismo modo que son inaceptables las primeras declaraciones de Montero acusando a los jueces de incumplir la nueva ley por "machismo". Que la estructura judicial adolece de sesgos machistas es algo que ya se ha denunciado pero esa carencia no puede convertirse en una excusa. En primer lugar, porque conviene reconocer el esfuerzo de la judicatura para adoptar una mirada de género más favorable a las mujeres. En segundo lugar, porque hay pocas dudas de que la nueva ley no ha sabido dotarse de los mecanismos adecuados para evitar efectos indeseados. Muchos expertos advirtieron de que esto podía ocurrir. Queda para la hemeroteca el desprecio que suscitaron en los impulsores de la ley. 

Sea por ingenuidad, sea por soberbia es evidente de que hubo un error de cálculo. Es cierto que el Ministerio de Igualdad está siendo sometido a unas presiones especialmente virulentas, pero enrocarse en los errores no aporta ninguna solución al problema. El fiscal general del Estado, Álvaro García, ha asegurado que las revisiones de las penas se llevarán a cabo "huyendo de automatismos" y "con una clara prioridad y vocación de amparo a las víctimas y respeto a los principios constitucionales". Montero ha rebajado el tono de sus declaraciones. Los barones socialistas claman por encontrar una solución política y jurídica. Cabe encontrarla. Para restituir la credibilidad ante la ciudadanía y para profundizar en el consenso social en torno a la libertad sexual y el consentimiento