Opinión | INMIGRACIÓN
Arrojar luz sobre Melilla
El Gobierno debe aclarar si la tragedia de los inmigrantes que intentaron forzar la valla se produjo en territorio español o en zona marroquí
El pasado mes de junio, cerca de 2.000 inmigrantes subsaharianos intentaron forzar su entrada en territorio español a través de la frontera de Melilla confiando en su número y usando instrumentos contundentes. Las cargas de la gendarmería marroquí, en una situación de extrema tensión y de aglomeración, no tuvieron en cuenta las consecuencias sobre la integridad física de quienes querían saltar la valla en un antiguo puesto fronterizo cerrado y sellado.
Además, la atención que las autoridades del país vecino prestaron a los afectados por la avalancha fue entre negligente e inexistente. La tragedia se saldó con al menos 23 muertos, cifra que las organizaciones no gubernamentales elevan hasta la cincuentena. La opacidad sobre las condiciones en que se produjeron los fallecimientos impide ir más allá. Más que en una angosta "zona de nadie" como alega el Ministerio del Interior español, todo ocurrió en una amplia zona gris con muchas dudas que resolver y responsabilidades que aclarar.
La resistencia mostrada estos últimos cuatro meses a despejar estas incógnitas, a pesar de que el ministro Fernando Grande-Marlaska insiste en que los hechos sucedieron en territorio marroquí y con una actuación proporcionada y legal de las fuerzas de seguridad españolas, provoca que el caso siga más abierto que nunca. Máxime ahora que el documental de la BBC ha devuelto a la actualidad esta tragedia que se ha convertido en motivo de división en la coalición de gobierno y de preocupación para Moncloa. La posición del PP tampoco es fácil de analizar: se debate entre debilitar políticamente al Gobierno y las dudas de hacerlo en un ámbito como el de la actuación de los cuerpos policiales y el control de las fronteras en el que tanto su electorado como el que se disputa con Vox evita una actitud crítica.
Más previsible es la postura de los socios de Gobierno que tienen en este tema una de sus señales diferenciales frente al PSOE. Más allá de movimientos tácticos, lo sucedido merece mucha más claridad. Que Marlaska haya accedido ahora a dar explicaciones en sede parlamentaria incluyendo los vídeos que cuestionarían su versión, y sin la protección que le otorga la comisión de secretos oficiales, es un gesto. Pero llega tarde.
El Gobierno puede contar con una mayoría parlamentaria que le apoye en el principio básico de que España tiene derecho a regular sus fronteras y que los intentos de asalto garanticen la integridad física de las personas. La duda es si los hechos sucedieron en una parcela de territorio administrado por Marruecos o en territorio español. Eso puede tener implicaciones que van más allá de la respuesta policial. La responsabilidad de Marruecos es evidente. Debe aclararse si se devolvió a inmigrantes heridos o incluso cadáveres desde territorio español, en una situación en que el concepto difuso de devolución en frontera es muy difícil aplicar, y si se omitió la obligación de que las expulsiones se produjeran con control judicial y ofreciendo la posibilidad de ejercer el derecho de asilo.
En la reformulada relación entre España y Marruecos muchas cosas parecen estar envueltas en una bruma que nadie tiene demasiado interés en despejar.
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