Un marco para emprender

En los ránkings sobre las facilidades para la creación de empresas, España no suele despuntar. Es una queja bastante extendida en el mundo económico, sobre todo emprendedor, que choca con el enorme potencial y con la realidad de nuestro país, de proyectos que se han desarrollado con éxito. Sin negar el apoyo de algunas administraciones para facilitar condiciones y entornos para el crecimiento empresarial, faltaba un marco fiscal y normativo más favorable a este tipo de empresas de reciente creación, de base tecnológica mayoritariamente, innovadoras y, por lo tanto, más expuestas al riesgo. 

Eso es lo que intenta corregir la nueva ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes, conocida como ley de las startups, al equipararse a otros países europeos. Vale la pena detenerse en el concepto ecosistema al que se refiere la ley auspiciada por la vicepresidenta Nadia Calviño, porque por muchas ganas, ilusión y buenas ideas que le ponga cualquier emprendedor, de forma aislada lo tendrá mucho más difícil para crecer que si tiene un entorno que lo acompañe en sus inicios.

Uno de los puntos destacados de la nueva norma son las mejoras fiscales para los inversores, sin las cuales no habría financiación para llevar a la práctica proyectos prometedores pero de futuro incierto. La ley también rebaja la fiscalidad para la captación de talento exterior, muy importante en un ámbito donde los mejores perfiles profesionales deciden trabajar en una u otra empresa en función del atractivo de la ciudad. Incluso algo tan sencillo como simplificar trámites, reducir burocracia de visados y permisos de residencia o facilitar la relación con la Administración mediante una ventanilla única, puede decantar la balanza entre invertir en un lugar o en otro.

La buena aceptación en general que ha tenido la ley entre los principales interesados sirve para entenderla como un avance incuestionable. Pero también sirve el hecho de que, durante casi toda la negociación y tramitación de la norma, haya dominado el consenso político entre los partidos. Una anomalía bienvenida cuando el desacuerdo y el conflicto son el pan de cada día en la vida política. Hace escasas semanas, la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital validó el texto con 32 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones. Sin embargo, el peso de la polarización se dejó notar en el último momento, y la aprobación de la ley ayer en el Congreso contó con 88 votos en contra, la mayoría del Partido Popular, que habría que atribuir más a la necesidad de desmarcarse de los conservadores que a la ley en sí. También hubo 75 abstenciones, de Vox, ERC y Junts, entre otros. 

Es cierto que la norma tiene carencias, como que cinco años es un periodo demasiado corto para definir una startup, o que se debería tener más en cuenta la capacidad regulatoria de las comunidades autónomas como reclamaban los republicanos, pero la comparación con el marco actual convierte esta ley en necesaria y oportuna. Del mismo Gobierno que la ha creado, se echa en falta una sensibilidad similar con otras empresas que no son startups, pero que son tanto o más decisivas para el empleo y el crecimiento económico del país.