Y así seguimos

La renovación de los órganos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parece sufrir un nuevo revés, después de que hace tan solo unos días todo pareciera estar en orden una vez que el Gobierno y el Partido Popular hubieran llegado a un acuerdo para pactar los 20 nombres de ese nuevo consejo que lleva sin renovarse desde el año 2013, año en el que gobernaba el entonces líder del PP, Mariano Rajoy. Pero todo fue una ilusión que duró apenas unas horas, hasta que nuevas y viejas voces del PP empezaron a cuestionar ese acuerdo y a acusar al actual presidente, Pedro Sánchez, y a pedirle una vez más altas exclamaciones de patriotismo exentas de sentido común y mermadas en un tiempo político en el que los ciudadanos de a pie no saben ni el valor ni el concepto de ese poder judicial al que la política ha politizado y que el partido popular utiliza como rehén sine die con conceptos anticonstitucionales y argumentos casi de Perogrullo que dañan altamente a este tipo de instituciones, cuya renovación debiera producirse, según dicta la Constitución española, cada cinco años. Pero aquí poco importa si es la Constitución quien invoca esa renovación por el bien de la democracia, aquí lo que parece importar es la bulla y mezclar la sedición con un mandato constitucional y así dejar que pasen los días creando confusión, malestar, tensión y esas cosas siempre negativas donde parece que algunos prefieren establecer los códigos de nuestra convivencia.

Cuando mi abuela vivía, murió hace unos cuantos años con casi 100, ella me contaba una historia que una y otra vez me viene a la cabeza cuando los informativos se centran en la polémica de la renovación del CGPJ. Mi abuela me relataba que cuando tenía unos 33 años, y recién muerto su marido, regresó desde Asturias a Zaragoza donde se compró un piso y donde se instaló a vivir con sus dos hijos, de tres y un año respectivamente, y una madre también viuda. Mi abuela siempre fue valiente, por la necesidad y el miedo, pero su valentía era muda cuando los señores de la finca en la que vivía, así los llamaba, imponían sus mandatos y exigían que el presidente de la comunidad siempre fuera el mismo vecino al que tenían comprado y atemorizado y que a su vez atemorizaba al resto de los vecinos con argumentos que a mi abuela le parecían falaces y cobardes, y que sin embargo aceptaba porque en los años cuarenta en España hacía frío y todo se regía por órdenes impuestas y nunca votadas que se perpetuaban en favor de algo que ella nunca entendió y que además, como bien precisaba, ni siquiera beneficiaba a los señores de la finca, solo al malestar del resto.