CGPJ: una situación insostenible

La ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC) es un hecho gravísimo. El órgano de gobierno de los jueces lleva casi cuatro años bloqueado y el pacto saltaba por los aires, el pasado jueves, cuando casi se daba por cerrado. Ni la presión ejercida por la dimisión del anterior presidente, Carlos Lesmes, ha servido para conseguir un acuerdo entre socialistas y populares. La situación es insostenible, con un CGPJ paralizado, sin poder hacer nombramientos de magistrados y encabezado por un presidente interino, mientras el TC está a la espera del relevo de cuatro miembros y la elección de un nuevo presidente.

La enésima excusa para no alcanzar el acuerdo ha sido esta vez la posibilidad de que el Gobierno revise el delito de sedición para modernizarlo y adaptar las penas a las existentes en la mayoría de los países europeos para delitos similares (y por supuesto para captar el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales). El PP justificó la ruptura aduciendo que era "una incongruencia insalvable" pactar el reforzamiento del Estado a través de la renovación del CGPJ a la vez que el Gobierno acordaba con ERC "desproteger" a ese Estado mediante la reforma del delito de sedición, cuya rebaja de penas podía beneficiar a los líderes independentistas huidos y a otros pendientes de juicio.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a lo largo de las últimas jornadas, insistió en que no se podía poner la justicia en manos de los independentistas y descartó cualquier tipo de pacto "con este PSOE". "Sé que los ciudadanos añoran acuerdos, pactos de Estado. Yo también. Y estoy seguro de que llegarán: con este PP y con otro PSOE", dijo. Esta afirmación supone en la práctica la deslegitimación del Gobierno elegido en las urnas, el condicionamiento de cualquier pacto a un cambio del partido ganador de las últimas elecciones y la consagración del filibusterismo parlamentario.

Núñez Feijóo debería considerar que ceder a las presiones ni sirve al país ni consolida su liderazgo en el partido

La oposición, legítima, del PP a aceptar cambios en el delito de sedición no puede justificar el incumplimiento reiterado de la Constitución en lo que se refiere a la renovación de los órganos constitucionales. El motivo de la ruptura hubiera sido creíble si diversos dirigentes del PP no hubieran declarado, previamente al anuncio del fin de negociaciones, que ambas cuestiones no debían estar vinculadas y las negociaciones sobre los órganos judiciales debían continuar.

¿Qué ha ocurrido para el cambio de postura? Todo apunta a que, aunque Feijóo asuma la responsabilidad, ha sido presionado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y por otros dirigentes del partido, además de por la derecha mediática y judicial, que no querían ni el pacto sobre el CGPJ ni sobre el Tribunal Constitucional, que tendría después de muchos años una mayoría progresista. Núñez Feijóo, cuyos antecedentes en Galicia recuerdan la frecuencia con que rompía pactos ultimados para satisfacer a otros sectores de la derecha, debería considerar que ceder a las presiones ni sirve a los intereses del país ni le ayuda a consolidar su liderazgo ni su imagen centrista en el PP, sino que más bien puede contribuir a abrir vías de agua en un partido que opta a gobernar.