Feijóo, Sánchez y la deslegitimación del adversario

La negativa, que esta vez ya será decisiva en la actual legislatura, del líder de la oposición, Feijóo, a pactar con la mayoría socialista la renovación del Consejo General del Poder Judicial es relevante en sí misma porque bloquea definitivamente el funcionamiento normal de las instituciones en esta legislatura, debilita uno de los tres poderes del Estado e introduce en la sociedad la idea de que el principio de legalidad es relativo y puede por tanto cuestionarse si se alegan motivos suficientes para ello.

Pero la verdadera trascendencia del asunto proviene no tanto de la decisión en sí, que cabe atribuir al juego sucio de mantener un statu quo favorable en el ámbito judicial a costa de vulnerar el espíritu constitucional, cuanto de la argumentación que el jefe de la oposición ha utilizado para justificar su espantada: los ciudadanos —ha venido a decir— tienen nostalgia de los pactos de Estado; él también; pero esos pactos solo llegarán con este PP y con otro PSOE. Es una manera de deslegitimar al principal adversario político que le ha tocado en suerte. Y no es la primera vez que eso ocurre.

En otras palabras, es evidente que al partido conservador no le gusta la minoría mayoritaria que han designado los electores, el PSOE liderado por Pedro Sánchez, de manera que ha decidido no atender sus obligaciones constitucionales hasta que su principal adversario cambie de ideario y de liderazgo.

Alguno ha señalado ya, con una parábola chusca pero certera, la indecencia de semejante actitud, que equivale, por ejemplo, a que el presidente del Gobierno se niegue a finales de 2023 a cumplir la previsión constitucional de convocar elecciones generales porque no le gusta el contendiente conservador que competirá con él en las urnas.

Esa actitud deslegitimadora de Feijóo no ha sido espontánea: ha sido impulsada por el sector mayoritario del PP contiguo a Vox y por la propia formación de extrema derecha. El argumento ha sido además espurio: la negativa a negociar se ha pretendido justificar por la decisión del PSOE de impulsar una legítima reforma del Código Penal para aproximar los delitos de sedición y rebelión a la moderna jurisprudencia europea, con el fin de contribuir a la pacificación —al “apaciguamiento”, no debe dar miedo en este caso la palabra— de Cataluña. A esta especie de represalia practicada por el PP hay que objetar la evidencia de que cada mayoría política es lógicamente autónoma a la hora de diseñar sus políticas dentro de la Carta Magna, y desde luego el PP no parece haber sintonizado mucho con la sociedad catalana a la luz de los catastróficos resultados obtenidos en las últimas elecciones autonómicas en las que estuvo al borde de la desaparición (3,85% de los votos y tres escaños en una cámara de 135). Por otra parte, el propio PP admitió, antes de la espantada, que una cosa era el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y otra la política penal y judicial del Gobierno. Pese a lo cual la ruptura se ha producido tras la fuerte presión de Isabel Ayuso y otros actores políticos y mediáticos de la derecha española sobre el político gallego.

De esta forma, Feijóo queda en posición muy precaria. Por una parte, ha sido muy patente que su opinión no prevalece en la organización que presuntamente preside, y ni siquiera puede mantener su palabra cuando arrecian las criticas de quienes ostentan el poder real. Por otra parte, Feijóo no parece ser consciente de que la deslegitimación del adversario es precisamente lo que ha hecho el populista Trump al término de su por ahora único mandato, una actitud arrogante e iliberal que culminó en la negación de los resultados electorales y en el asalto al Congreso. Obviamente, a Trump tampoco le gustan los actuales demócratas.

Feijóo no ha valorado, además, la responsabilidad pública que ha contraído al boicotear el funcionamiento de las grandes instituciones: la deriva de la Justicia, que probablemente obligará a soluciones drásticas que reduzcan la mayoría cualificada actual de elección a mayoría simple, rebajará la calidad del sistema y nos asimilará ante la opinión pública con países como Polonia y Hungría, que no han sido capaces de edificar regímenes “de cooperación de poderes” como son las venerables democracias occidentales clásicas.

Además, tras el surgimiento del ultraderechista Vox, la debilidad ideológica del PP genera un gran vacío en el centro derecha, que a la fuerza influirá en un debilitamiento del régimen. Feijóo, en fin, debería regresar a los parajes tradicionales de la derecha europea, aunque para ello debería entender primero aquella definición magnífica del incansable Pierre Mendès France, uno de los forjadores progresistas de la V República: "La democracia es un tipo de virtud, de costumbres, de sentido cívico, de escrúpulos y de respeto al adversario; es, en suma, un código moral".