Opinión | AYUDA HUMANITARIA

El Gobierno de la gente que trabaja de la mano con el Tercer Sector

Reconocemos el esfuerzo de quienes trabajan a diario para defender los derechos e intereses sociales de la ciudadanía y, principalmente, de las personas en riesgo de exclusión

Una trabajadora social ayuda a los ocupantes de una patera que acaba de llegar a Canarias.

Una trabajadora social ayuda a los ocupantes de una patera que acaba de llegar a Canarias. / EFE

Hoy celebramos el primer Día Nacional del Tercer Sector de Acción Social. Así lo acordamos el pasado martes en el Consejo de Ministros, donde establecimos que el 9 de octubre se convertiría en el día en que, todos los años, los españoles homenajearemos y reconoceremos el esfuerzo de quienes trabajan a diario para defender los derechos e intereses sociales de la ciudadanía y, principalmente, de las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión.

La realidad que representa el Tercer Sector inspira nuestras políticas públicas y figura de manera transversal en todas las decisiones que adoptamos. Porque la lucha por la igualdad y la inclusión social es una seña de identidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Un compromiso que reafirmamos ahora, en este momento de incertidumbre provocado por la guerra en Ucrania. Somos conscientes de que su onda expansiva impacta con más fuerza en los segmentos sociales más vulnerables y, por ello, estamos destinando todos los recursos del Estado a apoyar a la ciudadanía, mediante una red de seguridad que, además de incluir un amplio abanico de medidas, se fundamenta en la idea de que, en esta crisis, es preciso repartir los costes. Que no recaigan, como ocurrió en la crisis financiera de 2008, en las clases medias y en quienes más dificultades tienen.

Somos el Gobierno de la gente. Y así lo hemos plasmado en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2023, que hemos presentado también esta semana. Seis de cada diez euros de las cuentas públicas van destinados a inversión social: pensiones, dependencia, educación y sanidad, etc. Una distribución que refleja cuáles son nuestros valores y objetivos irrenunciables: la solidaridad y la justicia social.

Nuestro compromiso también se expresa a través de herramientas como el PERTE de la Economía Social y de los Cuidados -en el marco de los fondos Next Generation EU-, una oportunidad única para la ejecución y desarrollo de programas y proyectos vinculados con el Tercer Sector, en la que invertiremos casi 1.000 millones de euros. Y a través del reparto de casi 260 millones de euros que aprobamos en el Consejo de Ministros de esta semana, para subvencionar y promover programas de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades.

La reforma del artículo 49, una deuda pendiente

Entre las organizaciones representativas de la Plataforma está el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, con el que hemos venido trabajando en la reforma del artículo 49 de la Constitución. El objetivo es cambiar su estructura y contenido en coherencia con la multiplicidad de enfoques actuales de la discapacidad y actualizar la terminología referida a este colectivo para que refleje los valores constitucionales. Desde el Gobierno, hemos hecho todo lo que está en nuestra mano para lograr su aprobación parlamentaria. Hace poco más de un año, el Partido Popular presentó una enmienda de devolución, que, afortunadamente, fue rechazada ampliamente por el Congreso de los Diputados. Parece que ahora ya sí quiere sumarse a esta reforma. En todo caso, postergarla en el tiempo significa hacer una enmienda a casi cuatro millones de personas y sus familias. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos. Por eso, espero que la oposición facilite de una vez por todas la tramitación y aprobación de esta modificación del texto de la Carta Magna en las Cortes. Será la primera reforma con un claro contenido social y nos situará, en el rango constitucional, como uno de los países con legislación fundamental más avanzada en esta materia.

Porque la discapacidad no puede ser una condena a tener menos derechos y menos recursos. Al contrario, debe ser una llamada a actuar, para que la diferencia de circunstancias no suponga una diferencia de oportunidades. Tenemos que lograr que, en las familias con menos recursos, no sea una doble causa de discriminación y pobreza. Esta tarea de apoyo se articula con políticas públicas y con un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Para esto sirven los impuestos.

Cada vez que una sola persona gana un derecho, la democracia se hace más grande para todos los demás. Ese es el espíritu y el compromiso que nos anima: tener más y mejor democracia. Solo alcanzaremos la igualdad cuando aseguremos la no discriminación y la igualdad de oportunidades. Cuando la inclusión esté presente de manera efectiva en la educación, la sanidad o el empleo. Que España siga siendo un país referente en avances sociales es un objetivo que compartimos plenamente con el Tercer Sector.

En este ya simbólico 9 de octubre, quiero dar la enhorabuena al tejido asociativo, compuesto por más de medio millón de trabajadores y en torno a un millón y medio de voluntarios, mujeres y hombres contribuyen en su día a día a lograr una España mejor. No tengáis duda: sentimos como propias vuestras inquietudes, reivindicaciones y propuestas. Y las trasladamos al Boletín Oficial del Estado y a los Presupuestos Generales del Estado. El compromiso del Gobierno no admite duda y sigue firme de cara a los próximos años.

Por Félix Bolaños García, ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática