Fiscalidad electoral

Es obvio que los últimos Presupuestos Generales del Estado de una legislatura, y por tanto previos a unas elecciones generales, procuran ser, en la medida de lo posible, amables y dadivosos para lograr la mayor satisfacción posible de unos ciudadanos que deberán optar a corto plazo: o mantener al gobierno o cambiarlo, según la alternativa clásica de nuestras libérrimas democracias.

Sin embargo, en este país, donde la gran clase media formaba hasta hace poco un gran núcleo central que había absorbido a la mayor parte de la periferia social menos favorecida, se ha reproducido una fractura inquietante en el abanico de las políticas fiscales. Como muestra de ello, valga el contraste entre el gobierno del Estado —que presenta un proyecto presupuestario que mantiene el poder adquisitivo de los pensionistas (e incluso reabre la hucha de las pensiones con 3.000 millones, tras su vaciamiento por Rajoy) y eleva muy notablemente el gasto social (sanidad, educación, dependencia, becas, etc.), para lo cual crea un nuevo impuesto solidario y temporal a las grandes fortunas—, y la iniciativa de Moreno Bonilla, que trata de ganar popularidad eliminando un impuesto cuya supresión favorece a los 20.000 contribuyentes más ricos de Andalucía. En medio están pusilánimes como Ximo Puig, que, pese a ser Valencia la CCAA peor financiada del Estado, hace un regalo fiscal indiscriminado a las rentas superiores a los 60.000 euros, es decir, a más del 90% de sus electores. Lambán y Page, como es habitual, andan perdidos en sus ambigüedades.

Moreno y Lambán coinciden en defender “a capa y espada” la autonomía fiscal de sus gobiernos

En estos márgenes más generosos y avanzados auspiciados por la UE, el elector tiene el derecho y la obligación de vigilar quién está de su parte y quién defiende apenas a influyentes clientelas específicas"

Hay que reconocer que Rajoy, como antes Zapatero, tuvo que someterse a políticas anticrisis equivocadas dictadas por Bruselas y que ahora la Comisión, felizmente, recomienda salvar primero a los más afectados por la contrariedad y contribuye a la recuperación mutualizada de todos los miembros del club comunitario. Pero en estos márgenes más generosos y avanzados auspiciados por la UE, el elector tiene el derecho y la obligación de vigilar quién está de su parte y quién defiende apenas a influyentes clientelas específicas. En las épocas preelectorales se mide mejor la solidez de los programas, la dignidad y calidad de los políticos y el nivel de los gobiernos.