Los Presupuestos, al alcance

Hacienda quiere aprobar en el consejo de ministros de este martes el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, una vez que se han resuelto las principales diferencias con Unidas Podemos, a salvo de algunos flecos en materia social que parecen francamente subsanables. En efecto, el paquete fiscal anunciado esta pasada semana, que incluye bonificaciones en los tramos más bajos del IRPF, un alivio fiscal a los autónomos, la bajada del IVA en algunos productos de primera necesidad, la subida del tipo de tributación de las rentas del capital, algunos ajustes en el Impuesto de Sociedades y, sobre todo, la creación del Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas que afecta a los patrimonios de más de tres millones de euros, ha facilitado la convergencia de las dos alas del gobierno, que hace semanas habían acordado ya la manera de elevar discretamente el presupuesto de Defensa (Sánchez se comprometió a destinar a esta tarea el 2% del PIB en 2029, y ello será a través del plan especial de Defensa, que habitualmente se dedica a inversiones militares y no computa en el límite de gasto).

Las discrepancias aún irresueltas en el seno del Ejecutivo hacen referencia a los más vulnerables y a las familias, y no representan cantidades elevadas: ciertos aspectos de la futura ley de familias, que va con retraso —ampliación progresiva de los permisos de paternidad y maternidad, prestación universal por crianza de 100€ al mes (ahora solo la perciben las mujeres trabajadoras) y que las familias monoparentales sean consideradas numerosas a efectos de permisos de natalidad—; elevación del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para mejorar ciertas prestaciones vinculadas a él; determinadas mejoras de la prestación por desempleo en parados de larga duración; y, por último, hay un forcejeo en la determinación de la cuantía de los recursos destinados a la dependencia. Además, los socios de la coalición no se ponen de acuerdo en la ley de Vivienda, que habrá que seguir negociando, ni en la derogación de la llamada ley mordaza que reclama UP. No parece, en todo caso, que estas diferencias obstaculicen las cuentas públicas.

Tras la aprobación del proyecto de ley presupuestaria y su envío a las Cortes, el gobierno deberá conseguir para su aprobación el respaldo de sus habituales socios parlamentarios, que facilitaron a Sánchez la investidura. El principal escollo que habrá que salvar es la exigencia de ERC de que se comience al menos la revisión en el Código Penal de la figura del delito de sedición, que ciertamente recibe en nuestro ordenamiento jurídico un tratamiento más duro que el que se aplica en la mayoría de las democracias. Rufián ya ha avisado de que esta es una condición sine qua non, ya que los republicanos, que hasta cierto punto se han retractado del 1-O, buscan afanosamente la desjudicialización de los rescoldos todavía humeantes del ‘procés’: después de que el Tribunal Supremo descartara la existencia del delito de rebelión y calificara los hechos de sedición, el alivio de esta figura resolvería el trámite judicial de los muchos casos todavía abiertos relacionados con el 1-O y permitiría encarrilar de algún modo otros incómodos obstáculos a la normalidad como es el destino personal del prófugo Puigdemont.

El PNV, por su parte, que ha mantenido algunos flirteos de tanteo con Feijóo, se conformará probablemente para apoyar las cuentas con que el gobierno reactive el traspaso de algunas competencias, actualmente adormecidas en algún cajón. El Ejecutivo vasco cifra en 25 los asuntos pendientes, y exige la rápida creación de la comisión ad hoc comprometida.

La mirada de la clase política está ya puesta en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023, y, a más largo plazo, en las generales, que se convocarán probablemente después de la presidencia europea de la UE el segundo semestre del año próximo, por lo que el debate presupuestario que se avecina tendrá como referencia principal esta doble cita en las urnas, en que los dos grandes partidos, PP y PSOE, se jugarán el liderazgo, y los dos secundarios, VOX y la formación que ocupe el espacio político a babor de los socialistas, también habrán de esforzarse por detener sus actuales líneas de declive.

En el ánimo de todos está que una de las primeras tareas que deberá abordar la mayoría que se forme después de las elecciones generales próximas será la gran reforma fiscal, que debería surgir de un mínimo consenso, en especial sobre las fuentes de los ingresos públicos. Los próximos presupuestos del Estado serán, por tanto, un indicio de cuál es la posición de las izquierdas al respecto pero también de las derechas, sobre todo en el trazado de las grandes líneas. Y arrojarán luz sobre la verdadera disposición las fuerzas periféricas a colaborar lealmente con el Estado.