Evitar la subasta fiscal

Los barones socialistas llevaban una semana sufriendo en silencio el vendaval generado por el PP suprimiendo el impuesto de patrimonio o reduciéndolo en las comunidades donde gobierna. La respuesta de la Moncloa fue abrazar las tesis de Unidas Podemos y, en plena negociación dentro del Gobierno del proyecto de Presupuestos, se apuntó al discurso de crear un nuevo impuesto a "las grandes fortunas". La distinción entre lo que decían los ministros socialistas y lo que proclamaba la vicepresidenta Yolanda Díaz exigiendo que sean los ricos quienes asuman el coste de esta crisis ha sido nula, sin matices, para desconcierto de quienes se van a batir en nombre del PSOE en una contienda electoral municipal y autonómica, la de mayo, en la que también se enfrentan a los morados.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, encontró ayer su propia vía para responder al PP: propuso un conjunto de medidas para descontar del IRPF que pagan los contribuyentes valencianos el 10% de inflación que padecen por la guerra en Ucrania. En la práctica, esto significa deflactar el impuesto sobre la renta a las clases medias, bien elevando el mínimo exento o bien reduciendo la tarifa en las rentas bajas y medias.

El movimiento de Puig incrementa esta desagradable sensación de subasta fiscal, como se encargaron de sugerirle desde Hacienda, pero tiene la virtud de abrir el debate sobre las clases medias, que son las que efectivamente soportan una carga fiscal mayor como consecuencia de la alta inflación. A otra parte de esa misma clase se dirigía también la propuesta de Moreno Bonilla porque, de hecho, quienes pagan el impuesto del Patrimonio son aquellos que no pueden ocultar su riqueza ni en la economía sumergida, ni en sofisticadas sociedades, ni en los paraísos fiscales. 

Sánchez tiene ahora la oportunidad de rectificar y retomar el proyecto de una reforma fiscal de verdad que acabe con esta incómoda subasta. En ese contexto, debería reflexionar sobre el impuesto de Patrimonio que grava por tercera o cuarta vez ingresos de clase media que no pueden ocultarse en sociedades fantasma. El pago sucesivo del impuesto sumado a la inflación puede provocar un efecto de dilución del patrimonio alejado de los propósitos de un sistema progresivo como el que consagra la Constitución.

La inflación está provocando un incremento de los ingresos de la hacienda pública. Por eso, las comunidades del PP calculan que pueden eliminar el impuesto de Patrimonio sin hacer peligrar los servicios públicos. Y por eso Puig puede deflactar el IRPF. En lugar de subastar esos excedentes, ¿no sería la misión del Gobierno convocar a autonomías y partidos para pactar una reforma fiscal que acabe con medias verdades, luche contra la economía sumergida, incorpore compromisos de España en foros multilaterales y se preocupe de las clases medias sin agravios territoriales?