Aznar, Australia y el dumping fiscal

El debate iniciado ante las elecciones todavía lejanas —autonómicas y municipales en mayo del año que viene y generales a principios de 2024– ha arrancado por la fiscalidad. Moreno Bonilla, lógicamente encantado con su mayoría absoluta, lo ha abierto con la eliminación del impuesto sobre el Patrimonio, emulando a Madrid, y le han seguido en la carrera otras regiones españolas gobernadas por el PP, como Galicia o la Región de Murcia. Moreno Bonilla no ha ocultado que su decisión tiene por objeto atraer inversiones, evitar fugas y provocar deslocalizaciones hacia Andalucía.

Estas decisiones han provocado una comprensible disputa: el ministro Escrivá ha dicho que le parece "un despropósito que las comunidades se dediquen a competir fiscalmente unas con otras" y ha considerado que eliminar Patrimonio es una medida "extraordinariamente regresiva" justo en un momento en que lo que se requiere es hacer políticas redistributivas para las personas más vulnerables por los efectos de la inflación. Por ello, lo que han de hacer a su juicio las CCAA es "dedicarse a mejorar la provisión de servicios en Sanidad, en Educación... Esto de la competencia fiscal entre ellas es un asunto que jamás he entendido", y que se debe a un sistema de financiación “mejorable” que es el que decide los recursos con los que debe contar cada comunidad para proveer a los ciudadanos de servicios públicos fundamentales. Y el ministro de Inclusión se ha mostrado a favor del modelo australiano, donde la asignación de recursos autonómicos se decide en función del gasto efectivo per cápita en cada uno de los servicios públicos que se genera. Conviene recordar que el actual modelo de financiación español es, básicamente, el que acordaron Aznar y Pujol en 1996, cuando el presidente español, que logró una victoria muy ajustada en las elecciones de aquel año, tuvo que hacer grandes concesiones al nacionalismo catalán para que este autorizase al PP a llegar a La Moncloa.

Aznar respalda a Feijóo para llegar a la Moncloa y carga contra "la izquierda carnívora"

Por el lado contrario, Aznar, un tanto descolocado, ha defendido esta campaña del PP de impuestos a la baja resucitando el tópico de la “izquierda carnívora” para criticar la supuesta voracidad fiscal de los progresistas, que apuestan por un “estado suficiente”.

Hay algunos precedentes ilustrativos de esta competición fiscal. En la UE, sin ir más lejos, algunos países como Irlanda y Luxemburgo consiguieron acaparar las sedes europeas de las grandes multinacionales por el procedimiento de reducir e incluso anular el Impuesto de Sociedades (IS). La competencia desleal era tan flagrante que ya está en marcha una armonización fiscal que imponga un IS mínimo del 15% en los 27 países. Otro caso relevante, más cercano a nosotros, ha sido el vasco: las ventajas fiscales que permite a Euskadi el régimen de concierto fueron protestadas por las comunidades limítrofes, que argumentaban con razón dumping fiscal, de forma que hubo que pactar un acuerdo. Por último, es un problema socioeconómico internacional grave el dumping fiscal y social que provocan algunos estados del lejano oriente al producir manufacturas a bajísimo precio gracias al ínfimo coste de la mano de obra, mal pagada y sin protección social alguna.

En nuestro país, la herramienta procesal que debe asegurar la equidad en el reparto de recursos a las autonomías es la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) que debería revisarse cada lustro y cuya última actualización fue en 2009. Dicha ley establece que las CCAA y Ciudades Autónomas “participarán, a través de su Fondo de Suficiencia Global, en los ingresos del Estado”. Además, “el Fondo de Suficiencia Global cubrirá la diferencia entre las necesidades de gasto de cada CCAA y Ciudad Autónoma y la suma de su capacidad tributaria y la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales”. En otras palabras, cuando una CCAA reduce sus ingresos, habrá de recibir más del común, del Estado.

Según este sistema, cuando una comunidad baja sus impuestos propios, perjudica a todas las demás. Hace —podríamos decir— dumping al resto de los españoles, a menos que renuncie a los recursos que le permitan disponer de unos servicios públicos suficientes y adecuados. Parecería lógico, en fin, parar esta demagógica carrera fiscal y negociar en cambio una nueva LOFCA que garantice la igualdad irrenunciable de todos en la participación en el bienestar general. Cierta competencia fiscal es saludable, ya que estimula la eficiencia, pero sin llegar a jugar con los elementos básicos de la equidad.