Leyes frente al tráfico de personas

La conmemoración este viernes del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños es una ocasión para reflexionar sobre cómo se afronta esta problemática y sobre las carencias de la legislación española para proteger a las víctimas y perseguir a quienes participan en su explotación. Son responsables de la prostitución no solo los delincuentes que se enriquecen con la trata de seres humanos, sino quienes se benefician, en su mayoría hombres (el 99%, según Eurostat). Además, el 99% son extranjeras sometidas al terror de sus explotadores, sin importarles cuál es la situación en la que viven o en la que ejercen su indeseado trabajo. Hace años que la Fiscalía pide una legislación para perseguir con más eficacia la trata y la explotación sexual y para asegurar la protección de las mujeres y niñas obligadas por las mafias a ejercer la prostitución. Los fiscales denuncian que las leyes vigentes son insuficientes y solo permiten atender a un número muy limitado de víctimas . 

Tampoco les facilitan actuar judicialmente contra el crimen organizado que está detrás del tráfico de mujeres. El hecho de que la prostitución sea una práctica alegal, que se ejerce en la calle y en pisos clandestinos, no justifica que la sociedad cierre los ojos ante esa insoportable realidad para no sentirse ética y moralmente responsable. Mucho menos justificable aún es que esa elusión de responsabilidades venga de los poderes públicos, obligados por el ejercicio de sus funciones a acabar con esa lacra. Es urgente que el Gobierno y los legisladores atiendan las advertencias de la Fiscalía y planteen una legislación consensuada que pueda acabar con esas prácticas de maltrato y degradación. Es un debate abierto en todos los países de nuestro entorno porque es evidente que consensuar una legislación sobre la prostitución es una tarea difícil. 

La ley de trata protegerá a las víctimas sin exigir que colaboren con la Policía

El propio movimiento feminista está dividido entre abolicionistas que quieren prohibir la prostitución y quienes pretenden regularla para dar cobertura legal y sanitaria a quienes la ejercen. Esa discrepancia no puede frenar la elaboración de leyes que acaben con la trata y la explotación sexual. Hasta el momento, ninguna campaña de concienciación (tampoco ha habido muchas) ha servido para evitar que muchos hombres (el 27,3% de los españoles confiesa haber pagado por sexo) sean clientes asiduos de la prostitución. 

Tampoco el sistema educativo ha impedido hasta la fecha la normalización del putero como estereotipo del macho y como reflejo de una masculinidad a todas luces equivocada, cuando no enferma. La constatación de esa cruda realidad es la que hace necesarias medidas coercitivas, como multas o incluso penas de cárcel cuando exista la evidencia de que hay situaciones de explotación en las que los clientes pasan a ser cómplices.  

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