ANÁLISIS POLÍTICO

La ambigüedad de las leyes

Es inconcebible que decisiones basadas en la misma ley puedan ser opuestas según la ubicación del juez

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Carlos Lesmes, ante el rey Felipe.

Carlos Lesmes, ante el rey Felipe. / EFE

La decadencia del sistema judicial español es un hecho objetivable al observar los estados de opinión. Aunque se piense, todavía mayoritariamente, que el juez es en su inmensa mayoría un servidor público abnegado y cabal… que en algunos casos relevantes termina cayendo en brazos de la política, es decir, en la parcialidad y en el sectarismo.

Ya es extraño que existan asociaciones judiciales que parangonan partidos políticos y que, con datos de 2019, agrupan al 55% de los jueces en activo, se clasifican en conservadoras, centristas y progresistas (en ese año, estaban afiliados unos 1.700 jueces conservadores, 850 centristas y menos de 500 progresistas), pero lo realmente inaudito es que en las sentencias dictadas por tribunales colectivos se agrupen sistemáticamente las posiciones jurídicas por filiación ideológica.

Las leyes dejan siempre al juzgador un margen de discrecionalidad que facilita los matices. Pero ese margen saludable no indica que las leyes sean ambiguas o acomodaticias. Por ello, es inconcebible que decisiones basadas en la misma ley puedan ser opuestas según la ubicación del juez. La sentencia sobre los ERES, firmada por cinco jueces de la Sala II del Supremo, ha prosperado por tres votos a favor, de tres magistrados conservadores (dos pertenecientes a la Asociación Profesional) , y el voto en contra de dos progresistas. Tales agrupaciones son muy frecuentes en los juicios de contenido político y en las decisiones del CGPJ como cualquiera puede comprobar.

Algo falla en este modelo, evidentemente, en el que la filiación política de los jueces es un dato que afecta a las sentencias. Quizá la solución estribaría en cambios procesales que obligaran a lograr la unanimidad o a someter las discrepancias a toda una Sala en plenario. Pero a largo plazo, la reubicación de la Justicia pasa por el cierre total de las puertas giratorias en ambos sentidos y por un mayor pudor de los propios jueces, que deberían negarse a lucir etiquetas que representan viciadas servidumbres políticas.

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