SUBIDA DE PRECIOS

La inflación en la cesta de la compra

La subida en el precio de productos básicos es muy lesiva para las rentas bajas, que dedican el grueso de sus ingresos a energía, vivienda y alimentación

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Un hombre compra en una frutería de València.

Un hombre compra en una frutería de València.

El incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC) muestra en cifras globales la realidad que los ciudadanos sufren de forma palpable cuando ven el ticket de la compra cotidiana, los precios del menú diario o comparan en algunos productos la cantidad que reciben por un precio similar al de hace un año.

El precio de los alimentos ha subido un 13,8% entre agosto de 2021 y 2022, un indicador que se queda corto ante el incremento en productos básicos, como harinas y otros cereales (39%), la leche (25,6%) o el aceite (24%). Eso significa que el impacto es doblemente lesivo para las rentas bajas, que tienen que dedicar buena parte de sus ingresos a necesidades básicas como la energía, la vivienda y la alimentación.

La peor noticia aún no se ha trasladado al precio que paga el comprador final. El encarecimiento de los costes que afecta a productores, transformadores y comercializadores (un 40%), lo han absorbido, en parte, a costa de sus márgenes de beneficio, algo que no puede prolongarse indefinidamente. Además, no hay garantías de una solución a corto plazo.

Detrás del encarecimiento de los costes de producción está la guerra de Ucrania, pero también el precio de los carburantes, fertilizantes y piensos y la escasez y/o especulación global en el suministro de trigo y girasol. Por eso han empezado a ponerse sobre la mesa propuestas como limitar el precios de alimentos básicos, pactar con grandes cadenas paquetes de productos esenciales o reducciones de IVA. Ninguna parece fácil. Topar los precios no puede poner en peligro la viabilidad de los productores y las medidas de impacto en la gran distribución no pueden dejar fuera de juego al pequeño comercio.

Tampoco el Estado puede renunciar a una recaudación imprescindible ante las urgencias sociales. En sectores regulados, como el de los carburantes o la generación y comercialización de energía –con pocos operadores en liza y con un peso de los impuestos más elevado, lo que otorga mayor margen de maniobra al Estado–, las sucesivas medidas no han sido rápidas ni plenamente efectivas, así que es más difícil presentar soluciones para un problema que depende de una cadena más compleja. Pero alguna hay que tomar, y no necesariamente la más rentable políticamente. Habrá que discriminar entre las de carácter lineal y las destinadas a sectores donde el incremento de costes es un reto acuciante.

Como en los peores momentos de la pandemia, tienen que ponerse en marcha ayudas directas a los más vulnerables”

Las reducciones del IVA podrían llegar por la vía de ampliar la lista de productos considerados esenciales y sujetos a un tipo impositivo menor. Como en los peores momentos de la pandemia, tienen que ponerse en marcha ayudas directas a los más vulnerables porque se trata de situaciones de emergencia. Países con un Estado del bienestar menos desarrollado que el nuestro utilizan cheques para alimentos, fórmula que se aproxima más a la beneficencia que a la justicia distributiva pero que, en situaciones de crisis, deberían usarse sin reticencias. Ni tampoco, llegado el caso, deberían esgrimirse de forma electoralista por quienes reclaman soluciones pero sacan a pasear el fantasma de la cartilla de racionamiento a la mínima ocasión. 

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