Contra la pobreza

Según el INE, en 2021 el porcentaje de población con ingresos por debajo del umbral de riesgo de pobreza se situó en el 21,7% de la población residente en España, frente al 21,0% del año anterior. Es muy probable que la creciente y elevada inflación registrada en 2022 haya incrementado este porcentaje ya que los precios están creciendo mucho más deprisa que las rentas del trabajo.

Aunque España no está entre los países con más desintegración social, es evidente que un estado de cosas en que más de la quinta parte de las personas no disfrutan de un mínimo estado de bienestar obliga al gobierno a intervenir. Por liberal que sea el enfoque, cualquier democracia ha de rescatar de la miseria a los peor dotados.

El verano deja sin ayuda alimentaria al 95% de los niños en situación de pobreza

La situación actual es seria, y resulta comprensible que Yolanda Díaz, vicepresidenta, ministra de Trabajo y aspirante a liderar el sector político ubicado a babor del PSOE, haya irrumpido con iniciativas para aliviar el estado de necesidad de muchas familias que contemplan consternadas el súbito descenso de su capacidad adquisitiva. Pero los problemas arduos no suelen tener soluciones fáciles, y no es necesaria una formación económica refinada para entender que: a).-oponerse a las leyes del mercado suele producir consecuencias opuestas a las deseadas, y b).-repartir indiscriminadamente ayudas a todo el mundo es injusto.

El Ministerio de Inclusión dirigido por el ministro José Luis Escrivá, aprobó el 29 de mayo de 2020 el ingreso mínimo vital (IMV), una prestación que tiene por objeto prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos. Actualmente, la prestación va de 460 a 1.015 euros. Y lo que habrá que hacer en momentos críticos como el actual no es inventar nuevas medidas para sobrellevar el encarecimiento de la energía o la inflación general sino revisar al alza las prestaciones que deben sostener dignamente a las personas menos favorecidas. Este estrato social ha de tener preferencia y ha de ser auxiliado por el Estado cuanto antes.