Opinión | ANÁLISIS

El ultimátum de Lesmes, la excusa de Feijóo

El príncipal objetivo del líder del PP es enviar un mensaje nítido al electorado que tiene que ver con que él no es Casado

Alberto Núñez Feijóo, frente a Pedro Sánchez en el debate del Senado del pasado martes.

Alberto Núñez Feijóo, frente a Pedro Sánchez en el debate del Senado del pasado martes. / EFE

Las oportunidades en política son como en la vida, trenes a los que uno se puede subir o dejar escapar, y la renovación del Consejo General del Poder Judicial es un tren de alta velocidad para el liderazgo de Feijóo, al que se tiene que subir en marcha y sin pensar mucho en el riesgo de descarrilamiento que le llega desde la extrema derecha. Feijóo puede evitar un bochorno nacional evitando que Lesmes dimita, Feijóo puede evitar que los miembros conservadores que dominan el gobierno de los jueces con más de 1000 días de caducidad, incurran en una pseudo rebelión al no cumplir con la renovación del Tribunal Constitucional a la que están obligados.

Dicen aquellos que abogan por la despolitización de la justicia que los jueces la imparten sin más. Un argumento tan falaz como cualquier otro. Los tribunales interpretan las leyes para aplicarla a cada caso, cada juez y jueza con su criterio, su bagaje y su ideología. Incluso en temas que aparentemente no son polémicos, dos tribunales pueden emitir sentencias completamente diferentes. Ya no digamos cuando están en el ojo del huracán, como lo estuvieron los tribunales superiores de las Comunidades Autónomas durante la pandemia, con la misma ley, algunos permitían confinamientos y otros no… así que dejemos eso de que hay que despolitizar la justicia, porque sería tanto como decir que hay que despolitizar la política o negándose a renovar el TC no están haciendo política.

Durante el breve mandato de Pablo Casado en el principal partido de la oposición, se emitieron casi tantas excusas como miembros en la dirección para no alcanzar un acuerdo efectivo con el gobierno. Que si tenían que echar a Podemos del Gobierno, que si el pacto con Bildu lo hacía imposible, que si el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado dinamitaba los puentes, que si el juez De Prada era el escollo insuperable, que si los indultos, que si una nueva ley para que los jueces elijan a los jueces… Mientras tanto, la mayoría conservadora del Consejo seguía plácidamente en el poder sin que desde el órgano se plantearan en ningún momento algún tipo de presión para ayudar a desbloquearlo. También, es importantísimo recordar que todas esas excusas, eran eso, excusas, porque PSOE y PP llegaron a un acuerdo que dinamitó el senador Cosidó al enviar un mensaje a sus compañeros en los que justificaba el acuerdo porque controlarían la sala segunda del tribunal.

Feijóo está en periodo de rodaje como líder nacional y todavía está haciéndose con la estructura. Es normal, acaba de llegar al liderazgo de su partido tras una crisis orgánica de las que hacen historia. Por ello, su principal objetivo es enviar un mensaje nítido al electorado que tiene que ver con que él no es Casado, un joven sin experiencia con más declaraciones que gestión. Feijóo viene con sus mayorías absolutas por bandera y su institucionalidad sin extravagancias. Por eso, una vez que el presidente del Supremo delante del Jefe del Estado, Felipe VI, afirmara que “debe acometerse con urgencia y de conformidad con la legislación vigente, sin que se pueda supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que impiden el cumplimiento del claro mandato constitucional del plazo, que no admite interpretaciones”, Feijóo tiene la excusa que necesitaba para abordar un diálogo con el gobierno que desencalle la situación.

De lo contrario, un Consejo General del Poder Judicial caducado, con una mayoría conservadora que ya no representa la correlación de fuerzas políticas de las pasadas elecciones, está dispuesto a seguir saltándose los plazos del gobierno para renovar el Tribunal Constitucional, órgano que tiene pendiente pronunciamientos tan importantes como la ley del aborto de Zapatero, la ley de eutanasia, la ley Celáa o la reforma que impide los nombramientos del Poder Judicial. La calidad de la democracia española depende de cada una de las instituciones que componen el estado; el cumplimiento de las leyes, tantas veces repetido para la cuestión catalana, parece que no opera para aquellos que deberían ser escrupulosos en el cumplimiento de las leyes, partidos y jueces, aunque no les gusten. Feijóo puede demostrar qué realmente su fama de hombre de estado corresponde con los hechos dando cumplimiento a la Constitución y a la bronca de Lesmes, no debería dejar pasar esta oportunidad.