La forma y el fondo

Finalmente, según todo parece indicar en el momento de escribir estas líneas, el Gobierno ha accedido a tramitar el real decreto ley de medidas de ahorro energético por la guerra de Ucrania como un proyecto de ley. De esta forma, las diferentes formaciones políticas tendrán la oportunidad de plantear enmiendas que puedan ser incorporadas (o no) una vez convalidado el decreto.

El Gobierno quiere asegurarse con esta decisión de última hora el apoyo de sus socios parlamentarios que hasta 24 horas antes de la votación todavía no tiene amarrados. En ese sentido, la posición que adopten los diputados del PNV y de ERC serán claves. A comienzos de agosto, tras el anuncio del presidente Sánchez de este decreto, el Ejecutivo vasco, en boca del lehendakari, Iñigo Urkullu, dijo que el País Vasco cumpliría con las medidas de ahorro energético, pero criticó la falta de diálogo con las Comunidades. Unas críticas similares se han escuchado procedentes del Govern de Cataluña y del Grupo Parlamentario de ERC en el Congreso.

No parecen ser tanto el fondo como las formas lo que parece estar demorando la decisión del voto de estas dos formaciones políticas. Y no es algo menor: resuenan todavía los ecos no muy lejanos de las críticas a los gobiernos de mayoría absoluta que hacían pasar su “rodillo” menospreciando el debate parlamentario. Una situación que creaba desafección hacia la actividad política entre una parte de la ciudadanía, alejándola de ella. De la reclamación de más debate, más diálogo y mayor capacidad para llegar a acuerdos deviene, en gran parte, el éxito del multipartidismo, sistema que sigue contando con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos según las encuestas.

Pero no solo debe ser importante la cantidad, también lo es la calidad del debate político. Y en este sentido, hay algunas cuestiones que no ayudan a mejorarlo. Entre ellas, el uso que en más de una ocasión ha hecho este Gobierno de los decretos “plancha”: aquellos que incluyen diferentes y variados temas sin que exista la posibilidad de que cada uno de ellos pueda ser discutido o votado por separado. Una presentación maniqueísta que elimina los matices y dificulta el diálogo y el entendimiento. Por supuesto, no se me escapa la intencionalidad política de la medida.

A ver qué partido se atreve a gestionar la no aprobación de una serie de medidas avaladas por Europa (y que se han implementado en otros países de la UE) que parecen estar consiguiendo el objetivo comprometido con Bruselas de una reducción del 7% en el consumo del gas sin, de momento, grandes renuncias por parte de los ciudadanos, empresas o instituciones. Unas medidas (o algunas de ellas) que han sido calificadas como “frivolidades” por el coordinador general del PP, Elías Bendodo.

En este sentido, el principal partido de la oposición parece no estar de acuerdo ni en la forma ni en el fondo. El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, considera que el decreto es una “imposición” por no haberse consensuado con las comunidades autónomas. De hecho, Bravo ha manifestado que el partido da libertad las autonomías regidas por gobiernos del PP para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el decreto de ahorro energético del Gobierno si consideran que invaden sus competencias. Lo que le faltaba al Tribunal: si estamos inmersos en la politización de la justicia ahora se vuelve a la judicialización de la política con los consecuentes efectos negativos que ambas cuestiones tienen sobre la confianza ciudadana en las instituciones. Por cierto, cabe recordar que según la última encuesta del Consejo General del Poder Judicial nueve de cada diez jueces 90% reprocha a los políticos precisamente que eludan su responsabilidad y opten por judicializar los asuntos complejos en lugar de alcanzar pactos y acuerdos.

Por eso es interesante que el Gobierno se haya abierto a tramitar como proyecto de ley el decreto de medidas de ahorro energético. No solo por la forma, sino por el fondo. La posibilidad de plantear enmiendas a este decreto va a permitir conocer cuáles son las alternativas o los añadidos de los diferentes partidos y comunidades autónomas. Es decir, el debate girará ya en torno a los contendidos que, al fin y al cabo, es lo que en mayor medida interesa a los ciudadanos.